El Pleno de la Corte Suprema adoptó una serie de acuerdos relacionados con los tribunales dependientes de las jurisdicciones de Antofagasta, Copiapó y La Serena y que fueron afectados por la emergencia climática de la zona norte del país.
En la reunión realizada hoy -viernes, 27 de marzo- se determinó adoptar las siguientes resoluciones luego de recibir cuenta del presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, y de informes del Director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial , Ricardo Guzmán.
El acuerdo determinó dirigir un saludo fraterno a todos los funcionarios, sus familiares y la comunidad pública en general y hacer votos porque superen las lamentables circunstancias por las que atraviesa esa zona del país.
Disponer “que los señores ministros visitadores de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, Copiapó y La Serena tomen contacto con los presidentes de cada uno de estos tribunales para recibir reportes directos de éstos sobre el estado del personal y de los tribunales de sus respectivas jurisdicciones. Del resultado de las gestiones anteriores se dará cuenta en el próximo Pleno”.
“Cada una de las Cortes de Apelaciones de las regiones afectadas por las inundaciones deberá disponer, de acuerdo al particular estado de la situación y dentro de la medida de lo posible, el funcionamiento de los tribunales de su jurisdicción, de tal modo que no se suspenda la actividad judicial dentro de su territorio, a fin de mantener la continuidad del servicio. Asimismo, en el evento de existir dificultades para el reintegro de los jueces y funcionarios a sus labores atendidas las dificultades de desplazamiento, los presidentes de las respectivas cortes, o quien corresponda, flexibilizarán el ejercicio de la facultad de otorgar los permisos correspondientes, teniendo en consideración los casos de emergencia ante las inasistencias.
Con todo, se cautelará especialmente la continuidad de los controles de detención a cargo de los Juzgados de Garantía, las medidas de protección de competencia de los Juzgados de Familia, como toda diligencia urgente, de acuerdo al turno correspondiente”.
Asimismo se determinó: “Coordinar de manera permanente, por intermedio de los respectivos Consejos Zonales de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, la forma en que se hará el diagnóstico y la planificación de las actuaciones y medidas necesarias para superar la crisis. Lo anterior importa, eventualmente, coordinación con los ministerios de Justicia y Hacienda y el estudio y replanteamiento de las directrices presupuestarias del Poder Judicial.
Al efecto, además, se estudiará la implementación de un canal de comunicaciones expedito y seguro entre los tribunales y la Corporación Administrativa del Poder Judicial o al organismo que se designe”.
Además se decidió que: “atendido que para este tribunal constituye una preocupación fundamental y permanente la situación de todos los funcionarios del orden judicial, se acordó encomendar al Departamento de Bienestar, a través de su presidente, el ministro Dolmestch, que estudie de inmediato la forma en que éste pueda adoptar medios para una ayuda eficaz e indispensable a los funcionarios más afectados por la emergencia y a sus familias. Sin perjuicio de lo anterior, se acordó disponer la apertura de una cuenta de ayuda solidaria en que se llama a participar a todo el personal del Poder Judicial y que organizará y llevara a efecto el señalado Departamento de Bienestar”.
En el mismo punto se determinó que: “Para los efectos de determinar con certeza la cantidad e identidad de los funcionarios a quienes irá dirigida la ayuda económica a recolectar, la Corporación Administrativa del Poder Judicial pondrá a disposición los servicios de una asistente social que se encargará de analizar la información respectiva y, según ésta, recomendará el aporte que proporcionalmente corresponde hacer en cada caso”.
Finalmente se determinó “instruir a la Corporación Administrativa del Poder Judicial para que tome las medidas necesarias a fin de restablecer a la brevedad la conexión y el funcionamiento de los distintos sistemas procesales, asegurando la operatividad del servicio judicial, que de modo alguno podrá interrumpirse”.
Director de la CAPJ
Con el objetivo de recabar información en terreno respecto de la situación de los funcionarios judiciales y de la infraestructura de los tribunales en la zonas afectadas, el director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Ricardo Guzmán, y el subdirector, Zvonimir Koporcic, viajaron la mañana de este viernes 27 a estas localidades para realizar una revisión en terreno de las actuales condiciones. De esta manera se podrá disponer de información de primera fuente respecto de la situación de las personas y de los inmuebles para adoptar las medidas específicas que se requiera.
Fuente: Prensa Poder Judicial.