Los académicos de la Usach, Angélica Verdugo, Mauricio Osorio y Christian García, criticaron que el Gobierno aún no ha asegurado el apoyo económico para cumplir un confinamiento efectivo. El asesor de la OMS, Pablo Villalobos, consideró un error centrar la estrategia en criminalizar la movilidad y emplazó a insistir en el llamado a respetar medidas de prevención iniciales, como lavado de manos, distanciamiento social y uso de mascarilla.
En su reporte de este miércoles, el Gobierno anunció nuevas medidas para intentar frenar la propagación del COVID-19, entre las que se incluyen cuarentenas para las comunas de El Monte, Talagante, Calera de Tango, Graneros y Quillota, además de cordones sanitarios en otras zonas de alta confluencia, de cara al próximo fin de semana largo.
En opinión de los académicos de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago, Angélica Verdugo, Pablo Villalobos, Mauricio Osorio y Christian García, estas restricciones a la movilidad, aunque necesarias, resultan todavía insuficientes para contener las elevadas tasas de contagio en Chile.
Asegurar apoyo económico para cumplir cuarentenas
Para la médica cirujana, ex subsecretaria de Redes Asistenciales y académica, Angélica Verdugo, “las medidas que el gobierno ha implementado son insuficientes para enfrentar tanto la crisis sanitaria como la crisis económica que, como hemos visto, van absolutamente de la mano”.
“Podemos seguir incorporando nuevas comunas a la cuarentena y me parece muy bien que así sea, pero el problema son las condiciones de desigualdad enorme para hacer estas cuarentenas, porque la encuesta IPSOS muestra que solo el 57 por ciento de la gente de los niveles económicos D y E han recibido ayuda. Si solo el 57 por ciento de los más pobres ha recibido ayuda en dinero o alimentos, significa que no están en condiciones de hacer una cuarentena, porque no tienen seguridad alimentaria y, por lo tanto, ahí es donde el gobierno tiene que apuntar”, enfatizó la especialista.
Verdugo también acusó la situación de grandes empresas que se han hecho pasar por rubros esenciales y han presionado a sus trabajadores para asistir a sus labores. “Y a quienes se les obliga a ir a trabajar es a la gente más pobre, a la gente de escasos recursos”, añadió.
“No sé si es tan relevante incorporar más comunas como cambiar el diseño de la cuarentena, que es donde el gobierno tiene que insistir. Se le ha venido diciendo hace mucho rato y pareciera que solo han escuchado a medias, porque han hecho a medias el control de las empresas y la entrega de ayudas, mientras la gente se está muriendo en los hospitales, en las casas y en los hogares de ancianos, porque las cosas no se han hecho bien”, agregó la académica.
Coincide el epidemiólogo y académico de la Facultad de Ciencias Médicas, Christian García, quien además de apuntar a la restricción de permisos como una forma de disminuir la movilidad, también enfatiza en que el Gobierno debe hacer llegar “ayudas sociales que permitan otorgar seguridad a la ciudadanía”.
“Es evidente que las cuarentenas nos van a servir en reducir la movilidad, pero, también, necesitamos establecer condiciones para que la gente pueda realizar estas de manera cómoda, en términos de seguridad alimentaria. Hay una necesidad de asegurar el trabajo, esa seguridad laboral de que no lo van a perder, y también la ayuda económica que aún no llega pero que estamos esperando”, indicó el especialista.
Mauricio Osorio, ex Seremi de Salud Metropolitano y académico de la Escuela de Medicina de la Usach, consideró positivas las nuevas medidas en regiones, por el alto nivel de contagios, pero apuntó que la Región Metropolitana aún mantiene un alto nivel de productividad.
“Desde el punto de vista del Gran Santiago, donde todavía hay un alto nivel de productividad, es complicado. Significaría, en lo concreto, afectar a empresas e industrias. Sin embargo, insisto en que la disminución de la movilidad, ser estricto con los controles sanitarios e involucrar a la atención primaria es el camino por el que debemos seguir transitando”, apuntó el experto en salud pública.
“Criminalizar” la movilidad no debe ser la finalidad
Para el asesor de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en adulto mayor y académico de la Universidad de Santiago, Pablo Villalobos, las medidas anunciadas por el Gobierno sí ayudan a reducir la movilidad. Sin embargo, advierte que es un error que el enfoque de la estrategia sanitaria esté centrado únicamente en este aspecto.
“Así como en algún momento fueron los ventiladores, el discurso ahora se ha centrado en reducir la movilidad y si se logra, pareciera que todo cambiará. Eso es cierto sólo en parte, porque la reducción en sí misma no es el objetivo”, afirmó el doctor en salud pública de Harvard.
A su juicio, la reducción de la movilidad es una estrategia complementaria a las verdaderamente efectivas, que son las medidas de prevención, como el lavado de manos y, en caso de estar obligado a salir de casa, usar mascarilla y respetar el distanciamiento social.
“No es más importante que una persona tenga o no permiso para salir a la vía pública, porque el virus no se detiene con una medida administrativa. Está bien tratar de que la gente evite hacerlo, pero si está obligado, hay que recalcar que debe salir de la manera correcta. Las medidas iniciales son las que ayudarán a contener la pandemia”, enfatizó.
Finalmente, el académico del Magíster en Salud Pública de la Facultad de Ciencias Médicas de la U. de Santiago advirtió que la reducción de la movilidad llegará a un límite en donde no se podrá seguir avanzando, independiente de si se siguen endureciendo las penas y las multas, ya que siempre habrá personas que por necesidad deberán salir igual.
“Se ha criminalizado la movilidad a través del énfasis en el endurecimiento de penas y una mayor exposición de la Subsecretaria de Prevención del Delito, lo que provoca que este tema se vuelva más penal que sanitario. Está bien acordar estas medidas excepcionales, pero no basta. Tienen que volver a estar al centro las estrategias de prevención”, concluyó.
Fuente: Usach.