Chile culminó las operaciones de desminado humanitario, despejando todos los campos minados del territorio nacional. En total, se trató de 200 áreas, en las que fueron destruidas 179.815 minas y liberados más de 27 millones de m2, trabajo especializado en terreno que concluyó el pasado 27 de febrero.
De esta manera, nuestro país cumplió con el compromiso adquirido en 1997, al suscribir la Convención de Ottawa sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción. Incluso ha liderado esfuerzos internacionales y cooperado con otros países en la instrucción y transferencia de conocimientos y experiencias en este tipo de operaciones.
Gracias a ello, nuestro país ha alcanzado un merecido reconocimiento internacional por el trabajo realizado, lo que ha permitido marcar un liderazgo regional, gestionando el envío de instructores en apoyo de procesos de desminado que realizan otros países de América Latina.
“Chile es un país con vocación de paz y es en ese contexto que hace más de 20 años asumimos el compromiso de desminar nuestro territorio. Hoy debemos sentirnos orgullosos ya que Chile cumple con lo que acuerda y hoy nuestro país es más seguro”, destacó el Canciller Teodoro Ribera.
Chile suscribió la Convención de Ottawa el 3 de diciembre de 1997 y el 10 de septiembre de 2001 depositó el instrumento de ratificación ante el Secretario General de las Naciones Unidas. Desde ese momento, se inició un trabajo mancomunado entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Defensa Nacional, para lograr la necesaria capacidad de planificación, coordinación y operación de todos los organismos de la administración del Estado para cumplir con los compromisos adquiridos.
De forma paralela a la tarea de desminado humanitario, durante este período, se desarrollaron programas de asistencia a víctimas y educación y prevención sobre el riesgo de minas.
Las minas antipersonal son poderosos artefactos, que durante décadas han causado la muerte y graves daños físicos a millones de personas. A diferencia de otras armas, las minas antipersonal no hacen distinción entre combatientes y población civil: una vez emplazadas, sus efectos son indiscriminados y pueden permanecer activas por décadas.
En ese contexto, la Convención de Ottawa es parte de la respuesta internacional a la crisis de índole humanitaria, que origina la proliferación de minas antipersonal en el mundo. La Convención se basa en normas consuetudinarias del derecho internacional humanitario, aplicables a todos los Estados y que prohíben el empleo de armas que, por su índole, no distingan entre personas civiles y combatientes o causen sufrimientos innecesarios o daños excesivos.
Fuente: Cancillería