22 de julio de 2020
Ante los dichos del Ministro de Educación, Sr. Raúl Figueroa Salas, en un programa de televisión el día de ayer, donde afirmó que “Toda evidencia muestra que un niño hacinado, con riesgo de ser abusado sexualmente, tiene que tener la posibilidad de volver a la escuela”, la Defensoria de los Derechos de la Niñez comunica lo siguiente:
- Lamentamos las declaraciones del Ministro de Educación, Sr. Raúl Figueroa Salas, pues aunque se pueda comprender el interés del Ejecutivo en reanudar las actividades del país, tras los meses de confinamiento debido a la pandemia,creemos que no es válido sostener cualquier argumento para fundamentar ese interés, pues, inequívocamente, estos dichos constituyen una forma de intencionar el retorno a clases presionando con explicaciones que tienen un impacto comunicacional pero que, finalmente, generan una reacción razonablemente contraria de parte de los padres, madres y responsables del cuidado de los NNA.
- Lamentablemente la exposición de los niños, niñas y adolescentes a riesgos de violencia existen en nuestra sociedad, en diversos espacios en que ellas y ellos se desenvuelven, pero es deber del Estado, a través de una institución específicamente creada para ello, la Subsecretaría de la Niñez, ejecutar todas las acciones de prevención necesarias para evitar cualquier vulneración a sus derechos, acciones en las que el Ministerio de Educación debe tener participación directa y rellevante, generando instancias de educación que aborden esta materia, evitando así que hechos de violencia se produzcan en sus entornos familires, educacionales y sociales.
- Es imprescindible que los Ministros, Ministras, Subsecretarios y Subsecretarias de Estado entiendan que es el Estado de Chile, a quienes ellos y ellas representan, el que tiene la responsabilidad directa en la erradicación de cualquier vulneración a los derechos de ellas y ellos, impidiendo, por ejemplo, que vivan hacinados, que sigan sufriendo la desigualdad que hoy enfrentan, que sean víctimas de maltrato físico, psicológico o de cualquier otra índole y, por tanto, las expresiones del Sr. Ministro dan cuenta de una desatención inaceptable de las obligaciones que le asisten a su cartera y a los demás órganos de la administración del Estado.
- La pobreza no es sinómino de violencia, y las expresiones vertidas por el Sr. Ministro producen una estigmatización indebida e injustificada a quienes, careciendo de condiciones de vivienda con dignidad, la que debiera propiciarse precisamente por el Estado a quien representa el Sr. Ministro, hoy son víctimas de sus dichos, constitutivos de una evidente manifestación de violencia estatal indebida.
- Los niños, niñas y adolescentes no viven en los colegios y si la hipótesis que plantea el Sr. Ministro se produce, y un niño, niña o adolescente está siendo víctima de algún delito sexual o de cualquier otro al interior de su residencia, lo que corresponde es que esos hechos se aborden con acciones estatales inmediatas para que el agresor salga de ese domicilio, la víctima sea protegida y, por tanto, no siga expuesta de manera alguna al maltrato o agresión que le afecta, con la oportuna, debida y eficiente intervención de las instituciones responsables.
- Finalmente, el argumento esgrimido por el Sr. Ministro, indicando que niños, niñas y adolescentes serían víctimas de agresiones sexuales en sus casas, lo que haría justificaría la necesidad de retomar las clases presenciales, no sólo resulta lamentable por lo planteado previamente sino que, además, resulta particularmente llamativo si consideramos que muchos niños, niñas y adolescentes han sido víctimas de gravísimos abusos sexuales y hechos de violencia al interior de sus establecimientos educacionales y, también, al interior de residencias de protección de SENAME y organismos colaboradores, lugares todos en los que existe un deber estatal de prevención de vulneraciones y de protección efectiva de niños, niñas y adolescentes y donde no se ha visto preocupación ni acción alguna de parte del Ministerio de Educación, ni ahora ni antes.