Frente a los complejos hechos ocurridos en el C.D.P. Santiago I, el pasado día 24 de febrero de los corrientes, los cuales han sido de público conocimiento, en donde dos imputados resultaron con lesiones de diversa consideración, uno de ellos permanece internado en la UTI de la Posta Central con lesiones graves, acciones que habrían sido protagonizadas por parte del personal de servicio en esa unidad penal, las cuales motivaron la denuncia[1] por parte de la jefatura del establecimiento al Ministerio Público, y que sea el ente persecutor el encargado de investigar y esclarecer lo acontecido y determinar si existe o no responsabilidad del personal involucrado. En tal sentido podemos señalar que nuevamente nos asiste la obligación de manifestar ante la opinión pública, que nuestros Oficiales han actuado con estricto apego a la normativa vigente, han sido menoscabados por dar cumplimiento a su obligación de denunciar un hecho que puede revestir características de delito. Afirmamos que rechazamos categóricamente que la superioridad institucional a petición de un grupo determinado de funcionarios amparados por una asociación, busquen diversos subterfugios para remover de sus puestos de trabajo a quienes han cumplido con la ley y reglamentos vigentes, utilizando para ello el cambio de dotación o suspensiones de funciones a través de sumarios administrativos sin que obedezca a una necesidad del servicio, sino más bien a las presiones ejercidas por grupos de poder, dejando en evidencia que tanto la autoridad administrativa como política se encuentran secuestradas por estas organizaciones gremiales.
El día de ayer, en otro hecho que nos parece de la mayor gravedad, quién fuera designada como “Fiscal Administrativa”, se constituyó en el recinto y a pesar de existir normas expresas de inhabilidad por tratarse de una funcionaria subalterna, dispuso la Suspensión del Alcaide Coronel Sr. Cadenas y de la Jefatura Operativa del recinto involucrado, a quienes precisamente les correspondió cumplir con la señalada obligación de denunciar, lo que claramente es interpretado como una evidente desviación del poder, en donde la superioridad del servicio ha permitido la instrumentalización de los procesos administrativos para avalar una serie de hechos irregulares, soslayando otro aspecto relevante, por cuanto existe otra norma expresa[2] que otorga protección para aquellos funcionarios que en el ejercicio de sus funciones realizan este tipo de denuncias.
Del mismo modo hemos visto que tanto la autoridad Ministerial e Institucional han planteado reiteradamente que impulsan un “Plan Anticorrupción” al interior de la institución, sin embargo, en la práctica vemos qué ante hechos graves, muchos de estos debidamente probados, terminan en latos procesos sumariales perdidos y prescritos. Por otra parte, para aquellos que han realizado esfuerzos importantes para erradicar distintas conductas reñidas con la probidad y delictivas, las cuales en más de alguna ocasión han contado con la colaboración eficaz del personal que mayoritariamente desarrolla sus funciones de manera honesta, han visto a quienes han liderado este tipo de procedimientos quedar en el más absoluto desamparo, sin protección alguna por parte de las autoridades institucionales, por lo tanto los llamados al “Deber Ser”, lamentablemente, vienen siendo interpretados por la cultura organizacional como un abierto llamado a “Dejar hacer” haciendo cada día más permeable nuestra institución a la corrupción.
Resulta insoslayable no mencionar, los gravísimos hechos ocurridos a fines del mes de agosto del año 2022[3], donde fueron sorprendidos un grupo de funcionarios en dependencias fiscales consumiendo alcohol y drogas, lo cual fue denunciado oportunamente al Ministerio Público, generando similares acciones de presión, por este mismo grupo de poder, incluyendo el no desencerrar a la población penal hasta pasadas las 13:00 hrs., con el propósito de dejar sin efecto las suspensiones que la Fiscal Administrativa designada originalmente había resuelto, exigencia a la cual se cedió, lo que vino acompañado de un inmediato reemplazo de la Fiscal Administrativa. Para ejemplificar el proceder torcido de la institución y de las autoridades políticas de la época, creemos conveniente mencionar que de los cuatro Oficiales más antiguos que adoptaron este procedimiento, tres de ellos fueron destinados a otras Unidades Penales y regiones dentro del territorio nacional, curiosamente, con estas medidas, el último oficial superior que participó de este cuestionado procedimiento, resulto ser el recientemente Oficial suspendido.
Claramente con estas medidas las autoridades dejan en claro que no existe ningún respaldo hacia los/as Oficiales y funcionarios honestos, que en Gendarmería opera la ley del más fuerte y que si alguien denuncia hechos irregulares será perseguido por cumplir con su deber.
Como Asociación Nacional tenemos la convicción de que estas situaciones graves no deben seguir ocurriendo, por lo que hemos iniciado todas las acciones necesarias a nuestro alcance para denunciar en distintas instancias, superiores a las institucionales, todos estos hechos, con la finalidad de corregir este ya torcido sistema y exigir las responsabilidades que correspondan ante la permisividad e impunidad que se ha instalado en Gendarmería.
[1] Artículo 175 del Código Procesal Penal: Denuncia obligatoria. Estarán obligados a denunciar:
a) Los miembros de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones de Chile y de Gendarmería, todos los delitos que presenciaren o llegaren a su noticia. Los miembros de las Fuerzas Armadas estarán también obligados a denunciar todos los delitos de que tomaren conocimiento en el ejercicio de sus funciones.
[2] Ley 20.205 Protege al funcionario que denuncia irregularidades y faltas al principio de probidad.
[3] https://www.latercera.com/nacional/noticia/incluyo-asado-a-la-parrilla-alcohol-y-ketamina-fiesta-de-11-gendarmes-en-penal-santiago-1-sera-investigada-por-fiscalia/RZHTJG5H6RE5LNECWUZILP7XFA/
Fuente: Vía Central