El presidente de la Comisión de Educación de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) y Ricardo Paredes, vocero de los estudiantes organizados en la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (CONES) compartieron un severo diagnóstico sobre la evidente crisis que vive la educación en Chile. La disgregación y ausencia de un sistema de educación pública ha traído como consecuencia que entre los establecimientos se replique la cruda segregación territorial de nuestro país, lo cual, en combinación con la apertura de un rentable mercado educativo, se tradujo en el exponencial crecimiento de la matrícula en la educación particular-subvencionada por sobre la municipal, cuestión que esperamos se resuelva en parte con la bienvenida ley que pone fin al lucro, a la selección y al copago.
El desarrollo de la educación pública no puede depender de la existencia o no de voluntad por parte de los sostenedores municipales, quienes por lo demás se desenvuelven en realidades muy disímiles en cuanto a recursos y composición socioeconómica de la matrícula escolar en sus comunas. Reconocemos el esfuerzo importante de algunos alcaldes en esta materia, más consideramos necesario que la educación pública y su desarrollo sea una tarea estratégica que asuma el país en su conjunto, sin verse esto afectado por los ciclos políticos y electorales que legítimamente existen en nuestro país.
Ambas partes coincidimos en el fracaso del actual modelo de educación pública diseñado e implementado forzosamente por la dictadura cívico-militar. Asimismo, concordamos que una educación pública de calidad, en cuanto derecho social, debe ser garantizada por el Estado de manera equitativa en todo el territorio nacional. Bajo dicho horizonte es que creemos necesario un nuevo marco institucional que supere el mero rol subsidiario del Estado con la escuela pública, devolviendo a este su calidad de garante, mediante un servicio nacional descentralizado.
Creemos que las escuelas y liceos públicos deben volver a la administración del Estado por cuanto ello le responsabiliza de una labor estratégica para el desarrollo del país, al mismo tiempo que permite garantizar a los jóvenes chilenos un acceso equitativo al derecho inalienable de educarse con calidad. Asimismo, decimos que este retorno al Estado debe ser mediante un servicio público descentralizado, por cuanto creemos necesario entregar agilidad a este sistema y recoger las particularidades de cada territorio, lo cual debe tener expresión en proyectos educativos acorde a los desafíos trazados por las distintas comunidades.
De esta manera, los Alcaldes agrupados en la AChM y los estudiantes secundarios organizados en la CONES acordamos lo siguiente:
- Trabajar por una nueva institucionalidad para la educación pública que responsabilice al Estado de su rol de administrador y garante del derecho a una educación de calidad. Esto último para todas las escuelas públicas, liceos públicos y liceos de administración delegada D. 3166.
- En cuanto al punto anterior, creemos necesaria la implementación de un Servicio central al interior del Ministerio de Educación encargado de conformar la gestión nacional de la Educación Pública, del que debieran emanar Servicios locales de educación con capacidades para permitir el desarrollo financiero, administrativo y pedagógico de los establecimientos educacionales públicos en todos sus niveles y modalidades.
- Los servicios locales de educación debiesen elaborar un proyecto de desarrollo estratégico enfocado a, entre otras cosas:
– Fortalecer la educación pública.
– Recuperar matrícula.
– Creación e implementación de programas de apoyo para los establecimientos educacionales de su distrito.
– Programas e iniciativas de convivencia escolar y participación.
– Programas de extensión y escuelas abiertas a la comunidad.
– Perfeccionamiento docente.
- El traspaso no debiese significar el detrimento en la condición de ningún trabajador, sino por el contrario, mejorar las condiciones en que se desarrollan la actividades pedagógicas y administrativas.
- La Nueva Educación Pública debe contemplar la participación activa de las comunidades. Las medidas deben apuntar a abrir y democratizar los proyectos educativos con los actores directamente involucrados en los mismos. Para ello reafirmamos el acuerdo de trabajar por la resolutividad de los Consejos Escolares en los siguientes aspectos:
– Proyecto Educativo Institucional: Instrumento que orienta la gestión institucional y que contiene los principios y objetivos del mismo.
– Programación anual y actividades extracurriculares: Definición tanto de las actividades que buscan articular los Proyectos Educativos con los Planes de Desarrollo, como de las acciones promocionadas por el establecimiento fuera de la jornada escolar cuyo objeto sean desarrollar aprendizajes integrales en los estudiantes.
– Revisión, modificación y aprobación del reglamento interno de cada establecimiento: Definición sobre el reglamento interno y los manuales de convivencia que regulan la conducta de los distintos actores en el espacio escolar.
- En concordancia con lo anterior, creemos necesario hacer esfuerzos conjuntos para que el Ministerio de Educación tramite a brevedad el proyecto de ley de Nueva Educación Pública, abriendo así un debate al cual estamos deseosos de contribuir. Asimismo, nos oponemos a que una idea tan justa e importante duerma en el parlamento, por cuanto emplazamos a que las autoridades de gobierno intencionen el fluido trámite del mismo con el objeto de que esta ley sea promulgada durante el año 2016.
- Finalmente concordamos en la necesidad de un nuevo sistema de financiamiento para la educación pública que establezca recursos permanentes y basales para los establecimientos, calculando los montos a partir de las necesidades propias de cada proyecto educativo y no así de la mera asistencia diaria. En cuanto a esto nos comprometemos a elaborar una propuesta conjunta a la vez que solicitaremos al MINEDUC la pronta apertura de un espacio prelegislativo amplio en que los distintos actores involucrados podamos debatir y concordar una nueva política de financiamiento sobre la cual legislar.
Fuente: Prensa Asociación Chilena de Municipalidades.