- Efectos fueron evidentes tras el temporal que azotó la región. Parlamentario reiteró llamado al Serviu de fiscalizar a empresas constructoras
Hasta el Juzgado de Garantía de Valparaíso llegó el presidente de Amplitud Joaquín Godoy junto a dos familias damnificadas por el mega incendio que se acogieron al subsidio para reconstruir en sitio propio para presentar una denuncia por estafa contra quienes resulten responsables de la mala calidad de la construcción de sus viviendas que se hizo evidente tras las lluvias.
El parlamentario había denunciado la precaria calidad de la construcción de estas viviendas, una de las cuales era la “casa piloto de la reconstrucción”, y fue parte del folleto del Gobierno que daba cuenta de las cualidades del proceso.
Tanto la casa de Jessica Carvajal como la de Adela Hidalgo fueron reconstruidas con un subsidio de 980 UF (24 millones) en el sector del Pajonal en Cerro Merced, sin embargo, luego del estudio solicitado por el diputado a un experto tasador, las viviendas fueron avaluadas en 710 Uf (17 millones app) y 533 UF (13 millones app), muy por debajo del valor correspondiente.
El estudio, también da cuenta que en la construcción se reutilizaron materiales dañados por el incendio, lo que implica un riesgo evidente para las familias.
“Estas asimetrías no solo dejan en evidencia la presencia de un engaño con el consecuente perjuicio patrimonial para estas denunciantes, sino que además deja al descubierto como el margen de ganancia se obtuvo en desmedro de la calidad y seguridad de la construcción. (…) tanto muros de contención de tipo estructural como perfiles de acero que sostienen los cimientos, fueron construidos sobre la estructura dañada por el fuego”, dice la demanda.
Para el Diputado Joaquín Godoy, quien ha cuestionado desde el comienzo el proceso de reconstrucción y por el trato que han recibido los damnificados aseguró que: “No solamente estamos hablando de una estafa hacia las familias porque no se utilizaron todos los recursos que el Estado les entregó para la reconstrucción de sus viviendas, sino que además se está poniendo en serio riesgo la vida de las familias”
“Para qué decir las consecuencias de las últimas lluvias- agregó el diputado Godoy- las viviendas totalmente humedecidas, se llovieron completamente, era impresionante ver cómo caía el agua por las luminarias. Entonces, estas no son las condiciones que uno espera que el Estado reconstruya”.
Por su parte, Omar Vargas, esposo de Jessica, molesto hizo un llamado a las familias damnificadas a poner atención a las empresas constructoras para evitar que les ocurra lo mismo.
“Nuestro caso le va a servir a mucha gente. Nadie le ponía el cascabel al gato y aquí todos se lavaron las manos, diciendo que hice un contrato con un privado ¿Si los recursos son del Estado por qué nadie puede fiscalizar a las empresas?… La Ministra al ver nuestro problema nos asignó un subsidio adicional para mejorarla pero aún no pasa nada. Nos siguen cuenteando. Nos sentimos estafados”.
Según la denuncia interpuesta, “queda constancia que los materiales utilizados y por los cuales se pagó de acuerdo a las obligaciones del contrato y al presupuesto entregado por la empresa constructora, difieren sustancialmente de lo que en concreto se entregó. No se trata de diferencias marginales u otras que puedan imputarse a variaciones del valor mercado. Se trata de diferencias que –efectivamente- tienen lugar por prescindirse de materiales; o por la utilización en algunos casos de materiales reciclados o vestigios de las propias casas siniestradas y que se encontraban en el terreno a edificar”.
Respecto de la señora Adela, ésta aún no puede habitar su casa a pesar que fue recepcionada en marzo.
“Las puertas no cierran, la escalera es imposible subirla, la puerta del baño se hizo pedazo, porque la humedad entró por todas partes. ¿Quién vive ahí? Tengo 80 años y no puedo ir a vivir allí. La Ministra me asigno un subsidio adicional para corregir los problemas, pero mi casa tienen que desarmarla completa”.
Finalmente, el diputado Godoy aseguró que: “Esperamos llegar hasta las últimas consecuencias. Queremos reiterar que el Serviu debe intervenir con fuerza para fiscalizar lo que están haciendo las empresas constructoras. Y le pedimos a la Presidenta que cumpla con su palabra de una reconstrucción digna para los porteños”.
Fuente: Prensa diputado Godoy.