COMUNICADO DE PRENSA
LA CAÍDA FINAL DEL GENERAL TORRES SILVA
Condenado junto a otros 13 sujetos, por el secuestro y homicidio del químico de la DINA, Eugenio Berríos, el general (R) Fernando Torres Silva obstruyó la justicia desde la Auditoría General del Ejército.
El Programa de Derechos Humanos, del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, en su calidad de parte coadyuvante en el proceso por el secuestro y homicidio del químico de la DINA, Eugenio Berríos, expresa su profunda satisfacción por la resolución definitiva en esta causa, dictada por la Sala Penal de la Excma. Corte Suprema de Justicia.
A través de sus abogados, nuestro Programa realizó, en forma permanente, aportes relevantes para el avance y resolución final de esta investigación, realizada por el Ministro en Visita Extraordinaria con Dedicación Exclusiva, S.S. D. Alejandro Madrid Crohare.
En el caso del general (R) del Ejército Fernando Torres Silva, condenado a 10 años y 1 día de presidio en calidad de autor del delito de asociación ilícita para cometer el secuestro y homicidio del químico de la DINA Eugenio Berríos, a comienzo de los años 90’ del siglo pasado, éste se convirtió en uno de los principales obstructores de la acción de la Justicia y encubridor de los crímenes de la dictadura cívico-militar.
Recién reiniciada la democracia en 1990, detentando el cargo de Auditor General del Ejército, Torres Silva dirigió la denominada Operación Control de Bajas, en coordinación con el general Hernán Ramírez Rurange, quien en 1991 era el director de la Dirección de Inteligencia del Ejército, DINE.
Ayer, el general (R) Ramírez se suicidó en su domicilio, evitando con ello entrar a cumplir una condena de 20 años y 2 días de presidio, por su participación en el secuestro y homicidio de Eugenio Berríos, y por su intervención en la asociación ilícita para cometer dichos crímenes, precisamente en el marco de la Operación Control de Bajas.
En 2004, la Sala Penal de la Excma. Corte Suprema confirmó las condenas de 800 días de presidio, pena que fue remitida tanto para Torres Silva como para Ramírez Rurange, por el crimen del líder sindical D. Tucapel Francisco Jiménez Alfaro.
La Operación Control de Bajas consistió en sacar del país clandestinamente en el año 1991, a algunos agentes directamente involucrados en crímenes que estaban siendo investigados. Con ello se evitaba que declararan ante los jueces que indagaban las causas.
Así ocurrió con Eugenio Berríos en relación al homicidio del ex Canciller D. Orlando Letelier, en 1976; con el ex agente CNI, mayor Carlos Herrera Jiménez, por el homicidio de D. Tucapel Jiménez, en 1982; y, con el ex agente CNI, mayor Arturo Sanhueza Ros, por la Operación Albania, en 1987.
La salida clandestina de todos ellos fue diseñada por Torres Silva y Ramírez Rurange desde la Auditoría del Ejército y la DINE, ordenada a su vez por el ex dictador Augusto Pinochet y puesta en marcha por otro de los condenados a 20 años y 2 días en la causa Berríos, el ex agente del Servicio Secreto de la DINE, mayor Arturo Silva Valdés.
Fue el mismo general Ramírez quien declaró en la causa Berríos que en una reunión con Pinochet en la que participaron otros cinco generales, entre ellos Torres Silva, el comandante en jefe del Ejército le ordenó a él sacar de Chile a Berríos a Uruguay y mantenerlo vigilado.
A fines de 1992, Berríos resultó asesinado en Uruguay tras intentar fugarse, y Herrera Jiménez se hizo detener en Argentina por un pasaporte falso, siendo trasladado a Chile, presumiendo que su vida corría peligro a manos de la DINE.
En tanto, Sanhueza Ros, por la misma sospecha y una vez desaparecido Berríos en Uruguay, alertado por una llamada anónima que su vida corría peligro, desobedeció la orden de sus captores de la DINE para viajar a Brasil, y huyó desde Uruguay a Argentina regresando a Chile por su cuenta.
A partir de 1990, desde la Auditoría General del Ejército, el general Torres Silva inició un control de los procesos por delitos de lesa humanidad en curso, con el fin de informar a Pinochet cuáles eran los riesgos que se avecinaban en ese ámbito luego del fin de la dictadura.
A la vez, Torres Silva operó también para entregar información falsa a los tribunales con el fin de proteger a los acusados.
Previamente, en la segunda mitad de la década de los años 80’ del siglo pasado, esta vez en el cargo de fiscal militar, Torres Silva condujo las investigaciones por el atentado a Augusto Pinochet en septiembre de 1986, y por el descubrimiento un mes antes de un arsenal en la localidad de Carrizal Bajo, internado clandestinamente a Chile por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).
En abril de 1986, un asalto del FPMR a una panadería de Santiago, en la que resultaron muertos un carabinero y un frentista, y otro militante fue herido, permitió al entonces fiscal Torres Silva emprender sus acciones en contra de la Vicaría de la Solidaridad de la Iglesia Católica.
El frentista herido fue atendido por médicos de la Vicaría y Torres, entonces con el grado de mayor de Ejército, intentó incautar las fichas con las identidades de quienes eran atendidos por la Vicaría por la violación de sus derechos.
Ante la oposición del entonces vicario general y obispo auxiliar de Santiago, D. Sergio Valech, Torres Silva incautó entonces todas las fichas de las imposiciones de los trabajadores de la Vicaría en la AFP Magister.
Finalmente, y después de varias negativas, el 07 de diciembre de 1988, la Iltma. Corte Marcial acogió un recurso de queja del obispo D. Sergio Valech, en contra de las intromisiones del fiscal Torres en la Vicaría. Le ordenó devolver las fichas de la AFP Magister, y le prohibió continuar intentando obtener las otras fichas con los antecedentes de quienes eran atendidos por la Vicaría de la Solidaridad.
A favor del recurso de monseñor D. Sergio Valech votaron los entonces ministros civiles Enrique Paillás y Luis Correa Bulo, además de los representantes del Ejército y la Fuerza Aérea, generales Joaquín Erlbaum y Adolfo Celedón.
El fiscal Fernando Torres sólo obtuvo el voto favorable de la representante de Carabineros, Ximena Márquez.
PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS
MINISTERIO DE INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Santiago, 14 de agosto de 2015
Fuente: Ministerio del Interior