Sociedad Minera Cosayach declara lo siguiente:
- Lamentamos la decisión de la autoridad de Gobierno que recomienda rechazar la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Ampliación Negreiros” y nos preocupa de sobremanera que una decisión administrativa ponga en peligro el empleo de más de mil trabajadores.
- La compañía hará todos los esfuerzos para proteger los puestos de trabajo comprometidos, conforme al orden jurídico que ampara a esta actividad. La empresa no escatimará recursos para que, con un sentido compromiso empresarial y flexibilidad, se obtengan las autorizaciones correspondientes.
- Hemos solicitado reuniones con carácter de suma urgencia con las autoridades competentes, con miras a lograr una solución al problema que aqueja a esta actividad. Entendemos y compartimos la inseguridad que afecta a nuestros trabajadores ante esta crítica situación.
- Durante los siguientes meses, la faena agotará la superficie de mina autorizada ambientalmente para la extracción de caliche por lo que las operaciones cesarán y personal contratado deberá ser desmovilizado.
- Por este motivo, desde comienzos de 2021 COSAYACH se encuentra solicitando al Servicio de Evaluación Ambiental (“SEA”) la ampliación de la superficie de mina autorizada para la explotación sin tener éxito. En los dos primeros intentos, en 2021 y 2022, la autoridad resolvió el término anticipado de la evaluación por falta de información supuestamente relevante en temas de fauna.
- En octubre de 2022, COSAYACH sometió nuevamente el proyecto al SEIA, en esta ocasión reformulado, con el objeto de reducir al máximo los impactos ambientales —se disminuyó el área de explotación de 6.328 ha a 3.138 ha -50% aprox.— para alejarse de las comunidades y se redujo la vida útil del proyecto de 23 a 10 años de operación, entre otros.
- Pese a los esfuerzos económicos y técnicos que supuso la decisión, el 07 de diciembre del presente, el SEA publicó el Informe Consolidado de Evaluación del proyecto recomendando su rechazo, esta vez, basándose en la supuesta e ilegal incompatibilidad territorial entre la actividad minera y los usos de suelo establecidos en el Plan Regulador Intercomunal de Tarapacá recientemente aprobado, siendo que en esas áreas no se construirá nada, sino solo habrá explotación minera.
- Salta a la vista que una norma reglamentaria (PRICT) no puede anular el régimen de propiedad y el ejercicio de la actividad minera establecidos en la constitución y en la LOC de concesiones mineras. Esto tiene como consecuencia que, en adelante, la Seremi del MINVU y las municipalidades que participan de la elaboración de un plan intercomunal o metropolitano decidirán donde puede realizarse minería.
- En el caso particular, existen concesiones mineras constituidas, por lo que la recomendación del SEA tiene tintes expropiatorios. La autoridad llamada por ley a interpretar el alcance de las normas legales y reglamentarias en materia urbanística es la División de Desarrollo Urbano que debería pronunciarse sobre este asunto y no lo ha hecho.
- Queremos aclarar, en particular, sobre el componente arqueológico, que no se sustentan las aprensiones planteadas por el Consejo de Monumentos Nacionales. El área del proyecto fue modificada nuevamente en la Adenda Complementaria, excluyendo del área de influencia las oficinas salitreras San Jorge y Valparaíso, donde hoy sólo hay vestigios de sus cimientos.
- Frente a esta situación, el Grupo Errázuriz ha decidido presentar un Téngase Presente para que la autoridad lo tenga en consideración al momento de adoptar una decisión que podría afectar a más de 1.000 trabajadores y sus familias.
Fuente: Vía Central.