El Presidente de la Comisión Especial de Probidad y Transparencia del Senado participó de la promulgación de la Ley que establece la pérdida del escaño, o cesación en el cargo para parlamentarios, alcaldes, consejeros regionales y concejales que infrinjan gravemente las reglas sobre transparencia, límites y control del gasto en campañas electorales.
El Senador y Presidente de la Comisión Especial encargada de conocer proyectos relativos a probidad y transparencia, Ignacio Walker (DC), asistió al Palacio de La Moneda, para participar de la promulgación de la Ley que establece la pérdida del escaño de parlamentarios, alcaldes, consejeros regionales y concejales que infrinjan gravemente las normas sobre transparencia, límites y control del gasto electoral. La iniciativa forma parte de la Agenda de Probidad de Gobierno y que se discute en el Congreso.
“La pérdida del escaño es la sanción más drástica para quienes burlen la norma electoral que se ha contemplado en la historia de Chile. Estamos satisfechos de tener hoy una ley que cesa en sus funciones A quienes infringen gravemente las normas sobre gasto electoral para acceder a cargos De representación popular”, señaló Ignacio Walker.
A juicio del Senador DC, con estas “nuevas reglas” surgidas en la Comisión Especial de Probidad y Transparencia no dará lo mismo tener un financiamiento irregular o ilegal para las campañas: “es lo mínimo que debe ocurrir; hay que mostrar y demostrar a una ciudadanía, que razonablemente está desconfiada, que no aguantaremos ni un acto ilegal”.
“Este miércoles pensamos despachar además el proyecto sobre financiamiento de las campañas políticas, que será sin duda una de las más drástica en el mundo y que dará a nuestro país una nueva institucionalidad en materia electoral. Vamos a tener al final del Gobierno de la Presidenta Bachelet los más altos estándares en esta materia”, agregó el ex timonel de la falange.
Además de la pérdida del cargo, la norma establece que las autoridades que pierdan su escaño quedarán inhabilitadas para optar a cargos de representación popular en los dos procesos eleccionarios siguientes a la sanción de cesación, y para optar a un cargo o función pública dentro de los tres años posteriores a dicha sentencia.
Se establece además que sea el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) quién conocerá, investigará y sancionará las infracciones a requerimiento del Consejo Directivo del Servel.