Los parlamentarios explicaron que de ser acogido el recurso, los fondos deberán ser redistribuidos a través de becas o el Gobierno debiera enviar una ley corta para financiar “en igualdad de trato a todos los estudiantes vulnerables”.
Con la firma de 31 diputados de la UDI, RN y Evópoli, esta mañana fue ingresado al Tribunal Constitucional (TC) un requerimiento que acusa discriminación arbitraria en la glosa de gratuidad que incluye el presupuesto de educación para 2016.
En representación de los parlamentarios y con el patrocinio de los abogados Jorge Barrera (Fundación Jaime Guzmán) y Jorge Avilés (Libertad y Desarrollo), los diputados Jaime Bellolio (UDI) y José Manuel Edwards (RN) explicaron que el recurso expone los argumentos por los que la iniciativa contiene vicios de constitucionalidad en dos áreas: primero, por la implementación de políticas públicas permanentes a través de una ley que rige sólo un año; y en segundo lugar, porque discrimina abierta y arbitrariamente a estudiantes vulnerables al establecer diferentes requisitos para las instituciones en que siguen sus estudios.
“Tal como hoy día está puesto por el Gobierno a través de glosa presupuestaria, se incurre en al menos dos trasgresiones importantes a nuestra Constitución: La primera de ellas, es que se establecen condiciones y cambios sustantivos a la forma en la cual se entregan beneficios a la educación superior, y eso debiese ser materia de una ley permanente, y no a través de la letra chica de una glosa”, explicó Bellolio.
A renglón seguido, el legislador dijo que “se establecen condiciones que son completamente discriminatorias, que atentan contra los estudiantes más vulnerables que están en los Centros de Formación Técnica (CFT), Institutos Profesionales (IP) y en universidades privadas. Tan absurdo es que hay nueve regiones que quedan sin beneficio en sus CFT e IP existiendo estudiantes que son más vulnerables todavía que aquellos que podrían estar adentro de esta fórmula, y en consecuencia, lo que nosotros estamos pidiendo, es que se retiren esas fórmulas que son discriminadoras, que debiesen haber estado en una ley permanente”.
“Es decir, si hay dos hermanos y uno está en una universidad estatal y el otro está en un CFT, un IP o una universidad privada, uno accedería al beneficio y el otro no. Y eso es absolutamente absurdo y odiosamente discriminador”, acusó.
El diputado Edwards, en tanto, aseguró que de acogerse el recurso ante el TC, esto no significará la pérdida de los fondos para los estudiantes vulnerables. Explicó que “todo el requerimiento está escrito de manera de que nadie pierda los beneficios. Acá lo que se está objetando son los injustos y discriminadores requisitos, que implican que cientos de miles de estudiantes se queden sin gratuidad.
Sobre el punto, Bellolio precisó que “lo que estamos diciendo acá es que el Gobierno puede hacer políticas, pero no puede hacerlas de manera ilegal. Y hoy, tal como se está poniendo acá, hay al menos dos razones que contravienen nuestra Constitución (…) Se está escogiendo a dedo a quienes sí y a quienes no, y eso no puede ser”.
A su turno, el diputado de Evópoli, Felipe Kast, afirmó que “discriminar arbitrariamente a las familias más vulnerables con la glosa de gratuidad no sólo es inconstitucional, es absolutamente inmoral e injusto”.
Consultados acerca de qué camino debería seguir el Gobierno en caso de que el TC acogiera el requerimiento, los parlamentarios explicaron que “habrían dos opciones: una de ellas es que efectivamente pueda distribuir los fondos en igualdad de trato a todos los estudiantes vulnerables a través de becas, que sería lo más razonable; o tendría que enviar un proyecto de ley corta donde se establezcan criterios que no sean una discriminación arbitraria”.
Respecto de los plazos para este trámite, el abogado Jorge Barrera explicó que el tribunal debe acoger a trámite el requerimiento, pronunciarse acerca de su admisibilidad y luego, establecer un plazo “acotado” para que el Ejecutivo presente sus observaciones. “Estamos hablando de tres semanas máximo, para realizar los alegatos, para que el tribunal pueda fallar a lo más 10 días después”.
Fuente: Prensa UDI.