Issa Kort y Javier Macaya piden que el órgano contralor de la Sexta Región instruya una investigación “seria y profunda” para determinar eventuales responsabilidades administrativas.
“Con fecha 6 de noviembre, la Sra. Giovanna Amaya, me llama a su oficina, señalándome que, por instrucción de Intendencia, no podían trabajar en el gobierno las personas independientes. Refiriendo además que yo no estaba ingresada al padrón del partido, por lo que debía definirme y firmar la ficha con ella. Además me indica que ya le había solicitado lo mismo a otros funcionarios, quienes ya habían firmado la ficha. Todo esto debido a que desde la Intendencia se le estaba pidiendo que hiciera eso”.
Con esas palabras, Diana Sandoval Ubilla, funcionaria de la Seremi de Medio Ambiente de la Región de O’Higgins, denunció las presiones que habría sufrido por parte de la titular de esa repartición, Giovanna Amaya, para que firmara su ficha de militancia en el Partido Por la Democracia (PPD). Además, la trabajadora acusó “malos tratos” de parte de Amaya hacia distintos funcionarios, “no respetando jornadas laborales, escuchando gritos y amenazas por parte de ella hacia compañeros de trabajo, generando un ambiente hostil de trabajo”, explicó.
Frente a esta denuncia, los diputados UDI Issa Kort y Javier Macaya decidieron oficiar a la Contraloría Regional, de manera que realice una “investigación seria y profunda sobre lo denunciado en distintos medios de prensa; determinar posibles responsabilidades administrativas, e informar como en derecho corresponda”.
Según explicó Kort, “estas acusaciones son de la máxima gravedad y, de comprobarse, constituyen un delito, pues se está vulnerando la Constitución, que en su artículo 19 número 6 establece la libertad de trabajo y protección, prohibiendo expresamente cualquier discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad de una persona para un cargo determinado”.
“Si estas acusaciones resultan ser ciertas, estaríamos frente a una muestra de cómo la antigua Concertación, hoy Nueva Mayoría, ha usado el sistema público como un botín, para repartirse cargos y engrosar sus listas de adherentes de manera impropia”, acusó.
El diputado Macaya, en tanto, puntualizó que “nos parece que esta denuncia debe ser investigada y eso es lo que estamos pidiéndole a la Contraloría. Esta es una acusación gravísima, que involucra al intendente y a la seremi en prácticas totalmente antiéticas y antidemocráticas. Aquí lo que corresponde es que estos hechos se investiguen y, si se comprueban, quienes ejercieron estas presiones sean cesados en sus cargos”.
Fuente: Prensa Diputados UDI.