Ante la polémica generada por el otorgamiento de la libertad condicional a reos de Valparaíso y Santiago, la Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Lorena Fries, llamó a no sacar conclusiones apresuradas sobre la naturaleza de esta medida.
“Entendemos la sensación de alarma que puede generar la liberación de estos internos, pues estamos ante una ciudadanía que constantemente demanda mayor seguridad. Sin embargo esto no puede transformarse en un cuestionamiento a la libertad condicional misma”, dijo Lorena Fries.
La Directora del INDH explicó que la libertad condicional es una medida existente en nuestro ordenamiento jurídico hace más de 90 años y que es reconocida por el derecho internacional de los derechos humanos como una forma de favorecer la reinserción social de las personas privadas de libertad.
“Lo que corresponde es que se identifique si hubo alguna falla en la aplicación del procedimiento y que las instancias a cargo entreguen la información para que se entienda porqué hubo un aumento en la cantidad de reos que accedió a esta medida, pero no se trata de poner en duda su importancia. Distinto es que podamos discutir si están funcionando o no los programas de rehabilitación y el seguimiento que requiere una persona que sale al medio libre”, añadió.
Cabe señalar que de acuerdo a la Ley Orgánica de Gendarmería, el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios y diversos tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, el objetivo principal de la privación de libertad es la reforma y readaptación social de aquellas personas condenadas por infringir la ley.
Lorena Fries recordó además que uno de los argumentos por los cuales se cambió en 2012 el mecanismo de decisión, fue precisamente el bajo número de libertades condicionales otorgadas y las dudas que existían sobre la imparcialidad de los Seremis de Justicia, quienes hasta ese momento tomaban la decisión final.
La Directora del INDH planteó la necesidad de que el país cuente con Tribunales de Ejecución Penal, encargados de controlar el cumplimiento de las penas y de los requisitos para acceder a medidas alternativas a la privación de libertad.
Por último, advirtió sobre los problemas de fondo que afectan al sistema penitenciario y el riesgo de que la seguridad ciudadana sea abordada exclusivamente desde la respuesta penal, aumentando constantemente el número de personas privadas de libertad.
“La situación de las cárceles en Chile es crítica, no sólo por los altísimos niveles de hacinamiento sino que también por las otras vulneraciones de derechos que afectan a los internos, como los actos de tortura. Si a eso le sumamos las falencias en materia de rehabilitación y reinserción social, la verdad es que el panorama es bastante complejo porque seguimos llenando las cárceles y retroalimentando un sistema que tal como está no da para más”, sostuvo.
Fuente: Comunicaciones Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).