Tal como se había anunciado a principios de esta semana, parlamentarios de Chile Vamos presentaron este jueves un requerimiento ante la Contraloría General de la República por la “imparcialidad en la selección de los facilitadores del proceso constituyente”.
La denuncia se hace luego de dar a conocer un estudio realizado por Chile Vamos que determinó que el 54% de los denominados facilitadores, no cumple con requisitos mínimos de neutralidad, imparcialidad e independencia, existiendo casos de adhesión pública a la Nueva Mayoría e incluso vínculos de subordinación y dependencia con el Oficialismo.
El vicepresidente de la UDI, el diputado Javier Macaya aseguró que “el Gobierno ha abusado de la buena fe de los chilenos, de la buena fe de los partidos políticos de oposición a la hora de partir este proceso constituyente.
A nosotros se nos pidió participar pero es difícil hacerlo cuando vemos como el propio el Gobierno, que garantizó imparcialidad en este proceso, este pretendiendo que prácticamente todo Chile piense como ellos”
Macaya, advirtió que, “las personas que tienen que ser garantes de este proceso, al final del día son operadores políticos de este propio Gobierno. Agregó que “cuando ha sido un proceso financiado con la plata de todos los chilenos, creemos que es algo que tenemos que denunciar, (…) como lo que estamos haciendo hoy día, denunciando la visión absolutamente imparcial que pretende imponer el Gobierno”
En la misma línea, la Vicepresidenta de Renovación Nacional, Paulina Núñez dijo que “vamos a participar de este proceso, porque vamos a fiscalizar, y no nos vamos a detener hasta que de una vez por todas tengamos un proceso de participación ciudadana, transversal, en donde todos podamos defender nuestros principios, nuestros valores”
Aseguró además, que “el 82% de los facilitadores que hoy están escogidos tienen una adhesión a la Nueva Mayoría, algunos podrán ser muy capaces, muy profesionales, pero no queremos que esto termine desequilibrado, ideologizado y, lo que es peor aún, termine ensuciando un proceso del que nosotros vamos a ser partícipes”.
Por su parte, el diputado e RN Nicolás Monckeberg, dijo que cuando el Gobierno ” inicia el proceso constituyente aseguró que iba a encabezar y promover un proceso ecuánime, objetivo, que convoque a la participación de todos los sectores y para eso nombró a un conjunto de árbitros o facilitadores de los debates que, tal como dijo el gobierno, debían ser personas sin sesgo político y nos hemos dado cuenta, después de haber analizado uno a uno la lista, que más de la mitad son verdaderos activistas de izquierda”.
“Recordemos que estos facilitadores o árbitros no son voluntarios, son funcionarios públicos, pagados por el gobierno, que van a recibir un sueldo cercano a los 4 millones pesos. Por eso creemos que la Contraloría tiene que investigar a fondo, tomar medidas y exigirle al gobierno que respete las normas”, indicó Monckeberg.
Finalmente, el abogado experto en derecho público, Rodrigo Urzúa, explicó que “la presentación efectuada por Chile Vamos tiene por objeto que Contraloría audite los procesos de selección y contratación de facilitadores del proceso constituyente, atendido las dudas que se han suscitado luego de conocer el informe. En especial, solicitamos que Contraloría verifique la debida pluralidad y diversidad del personal seleccionado, así como los estándares mínimos de excelencia profesional e idoneidad de las personas que serán contratadas según la ley”.
Fuente: Prensa UDI.