Mediante una declaración pública de 7 puntos, la Fundación Paz Ciudadana se refirió a la discusión sobre el otorgamiento de libertades condicionales a condenados en el país y que se ha visto profundizada por inconsistencias en informes de Gendarmería de Chile, vastamente expuestas en los medios de comunicación nacionales, y que ha llevado al propio Ministerio de Justicia a solicitar en breve plazo una aclaración de estos casos.
De acuerdo a la Fundación, para que la libertad condicional realmente contribuya a la seguridad pública se necesitan —de acuerdo a la experiencia comparada— al menos realizar 4 modificaciones. La primera, clarificar los procedimientos para que no haya disparidad de criterios como las que se han visto con el paso del tiempo, o entre regiones. En segundo lugar, incluir dentro de las consideraciones un pronóstico de reinserción social basado en una evaluación de riesgo de reincidencia determinada mediante instrumentos científicamente comprobados en cuanto a su poder predictivo, tal como hay en los países desarrollados.
Como tercer punto, la institución plantea incluir como condiciones de cumplimiento el estar bajo el control de un delegado de Gendarmería de Chile, y asistir a programas de intervención pertinentes según sus factores de riesgo; y como cuarto, establecer el deber de fundamentación en el caso de otorgamiento o rechazo por las Comisión de Libertad, permitiendo así perfeccionar el instrumento con el paso del tiempo.
Según la Fundación, “la probabilidad del otorgamiento de una libertad condicional no debiera depender del lugar del país ni del momento en que se postule a ella, y la decisión sobre quién liberar, debe basarse en criterios objetivos y la mejor información disponible para no exponer a la ciudadanía a un riesgo que hoy, es en gran parte evitable”.
Reformas que necesitan impulso político ahora
Junto con avanzar en reformas al DL N°321 y su reglamento, que regulan las libertades condicionales en Chile, la institución plantea que se hace imprescindible que el Ejecutivo impulse con decisión el proyecto de crear un Servicio Nacional de Reinserción, institucionalidad planteada en el programa de seguridad del Gobierno para el período 2014-2018, además de la generación de una Ley de Ejecución Penal, que permita el control externo de las mismas.
Ambas iniciativas, señala la declaración, han sido identificadas por expertos y operadores del sistema, en un trabajo de diagnóstico de dos años realizados junto al Banco Interamericano de Desarrollo, como dos de las 13 reformas que el país necesita para avanzar en políticas públicas que contribuyan a la seguridad pública.
De acuerdo a la institución, a principios de los 2000, en el nivel nacional y calculando el promedio de las cifras mensuales para cada año, había alrededor de 1.700 personas cumpliendo su condena en libertad condicional. Posteriormente, este promedio disminuyó y se mantuvo en niveles de alrededor de 500, hasta el año 2011. El año 2012, aumentó a 1.800, es decir, similar al stock de personas en libertad condicional de principios de la década.
En 2014 y 2015, explica la declaración, este promedio de personas en libertad condicional fue de alrededor de 3.200, y el primer trimestre de 2016, bordeó los 2.600. Entre los factores que influyeron en estos números, están el volumen de personas condenadas en los años anteriores, que aumentó sostenidamente con la plena puesta en marcha de la Reforma Procesal Penal en 2005, y que cumplieron los tiempos de condena indicados cada año, sobre lo cual no hay estadísticas oficiales. Por otra parte, cabe plantear que al año egresan de las cárceles chilenas alrededor de 20 mil personas.
La declaración completa en www.pazciudadana.cl