Las vulneraciones del derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación producto del impacto de la industria salmonera, y de los derechos laborales dada las desprotección de las condiciones de esta industria, fueron constatadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en su informe “Situación socioambiental de la Región de Los Lagos”, que da cuenta de la misión de observación realizada en 2016 a propósito de la crisis que afectó a varias comunas de este territorio.
El informe es producto del llamado de personas naturales y líderes sociales de la zona, para que el INDH iniciara una misión de observación en la región, luego de la crisis socioambiental que se suscitó por la proliferación de marea roja, del cierre preventivo del borde costero desde el sur de la provincia de Chiloé hasta la región de Los Ríos, de la declaración de alerta sanitaria para el consumo de mariscos, de la mortandad de miles de toneladas de salmón y del consecuente vertimiento de estos en el mar.
El documento fue presentado en Castro, Chiloé, zona donde se concentró la crisis de 2016, con la presencia del director del INDH, Branislav Marelic; del jefe regional de Los Lagos, Mauricio Maya, de autoridades estatales, de líderes sociales de organizaciones medioambientales, de representantes de comunidades wuilliches, de pescadores artesanales, y de dirigentes/as de organizaciones territoriales.
Según las fuentes consultadas se determinó que además se vieron vulnerados el derecho a la alimentación debido a que la marea roja afectó –por ejemplo- la recolección de productos del mar; los derechos culturales –como las comunidades Williches de la zona- que no pueden ejercer sus formas de subsistencia; y el derecho a la manifestación dado que la presencia de la policía generó una intranquilidad y un ambiente de permanente amenaza en la región.
Respecto del informe, Branislav Marelic, sostuvo que “se basó en los testimonios y en material entregado por la comunidad, que nos permitió hacernos una idea clara del conflicto. De esa constatación de la realidad se realizaron conclusiones y recomendaciones para que el Estado no cometa los mismos errores y pueda resarcir las situaciones vulneratorias detectadas”.
“En términos de complejidad hubo un gran impacto en la formas y el sustento de vida de las comunidades de Chiloé, no solo desde el punto de vista del trabajo, sino también desde la perspectiva cultural. Es por eso que el INDH recomendó al Estado que a través de sus autoridades investigue y evalué medidas reparatorias para la comunidad”, agregó el director del INDH.
De este modo el INDH planteó una serie de recomendaciones al Estado para dar respuesta a la situación –entre ellas- que se investiguen los hechos que provocaron la crisis y que se repare a las personas afectadas. Asimismo que se fiscalice a las empresas salmoneras para garantizar los derechos laborales de los trabajadores y también evaluar su impacto en el medio ambiente.
El INDH hizo además un llamado a que el Estado respete el derecho a la manifestación sin condiciones y a que vele porque las políticas y programas de desarrollo que se impulsen sean sustentables con el medio ambiente, las culturas y formas de vida local. Igualmente, el Estado debe velar que las empresas presentes en la Isla de Chiloé respeten los derechos humanos.
Los principales objetivos de la misión del INDH –que se concentró en la provincia de Chiloé, particularmente en las comunas de Ancud, Castro y Quellón; y en la provincia de Llanquihue, específicamente en las comunas de Calbuco y Maullín- fueron recoger información desde diferentes fuentes, entre ellas autoridades, comunidades y la industria salmonera, que permitieran identificar eventuales vulneraciones a los derechos humanos de las personas; monitorear la correcta aplicación de los procedimientos policiales en el marco de las manifestaciones provocadas por la crisis; y realizar recomendaciones al Estado frente a eventuales vulneraciones de derecho.
Para el cumplimiento de los objetivos de la misión, desarrollada en terreno desde el 31 de mayo al 3 de julio de 2016, se definió una agenda diversa que permitiera recabar la mayor cantidad de relatos y antecedentes sobre la crisis socioambiental de la región. El trabajo metodológico consistió principalmente en 29 entrevistas realizadas a autoridades locales, funcionarios públicos, líderes sindicales y sociales, y representantes de la industria salmonera.
Fuente: Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).