Actualmente, se debate el tema del proyecto de ley Aula Segura, que impulsa el gobierno, a través del Ministerio de Educación, y que ha sido rechazada por la comisión de constitución del Senado, pidiendo al ejecutivo que pueda realizar algunos ajustes, previo al debate parlamentario.
Al respecto, el profesor Julio Domínguez, especialista en Gestión Educacional del Departamento de Fundamentos de la Educación de la Universidad Católica de Maule, opinó que ese proyecto de ley que busca facultar a los directivos escolares para expulsar de manera inmediata o cancelar la matrícula a los alumnos que se vean involucrados en hechos graves de violencia origina un debate muy complejo, tanto en el parlamento como en la sociedad. “Desde mi perspectiva como educador, como académico formador de futuros profesionales de la educación, creo que es una ley que no da derecho al debido proceso, que es un principio jurídico procesal, según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas para asegurar un resultado justo, lo que se encuentra contemplado en la Constitución de nuestro país”, dijo.
El académico de la UCM explicó que “Si bien es cierto que como educador estoy del lado de los profesores que a veces sufren agresiones, considero que el proyecto de ley Aula Segura no resolverá el problema; por el contrario, lo traslada a otras instancias o establecimientos educativos, porque la ley pretende facultar al director del establecimiento educacional para que en breve tiempo se expulse al alumno, y luego cabe preguntarnos ¿Qué pasará con este alumno?, se reubicará en otro establecimiento educativo, donde nada ni nadie garantiza que él no vuelva a cometer un hecho grave según lo contemplado en la ley.
Por otra parte, puntualizó Domínguez, al estudiante no se puede dejar sin estudios, la Constitución de Chile resguarda ese derecho. “En mi opinión, la solución está en la intervención sistemática con grupos de profesionales que puedan intervenir, considerando que la problemática del niño o joven no es una sola, a lo mejor viene de familias disfuncionales, de un contexto social complejo, producto de lo cual muchos de ellos repiten patrones de conductas preestablecidos y terminados por su entorno familiar y social”, sostuvo.
Asimismo, el profesor Julio Domínguez planteó como solución que “El alumno sea suspendido, mientras se lleva el sumario, resguardando las garantías tanto de la víctima, ya sea el profesor u otro funcionario, y a partir de ahí buscar los mecanismos de intervención para la toma de mejores decisiones con el victimario”, cerró.
Fuente: Prensa UCM.