Entre las propuestas: término de aportes de empresas a campañas, declaraciones de patrimonio de directores de isapres y AFP; registro de lobistas y cesación inmediata del cargo de autoridades públicas por conductas atentatorias a las normas de probidad.
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Un conjunto de transformaciones e iniciativas legales que apuntan a alcanzar “nuevos estándares en materia de probidad y transparencia” en los sectores público y privado, dio a conocer hoy la bancada de diputados de la Democracia Cristiana; iniciativas que se traducirán en una batería de proyectos de ley y que incluye algunas reformas ya ingresadas al Congreso.
Así lo precisaron los jefes de bancada salientes –hoy se produce el cambio de jefatura en esta instancia- Matías Walker y Víctor Torres, junto a quienes asumirán la jefatura este año, diputados Ricardo Rincón e Iván Flores.
Al respecto, el diputado Matías Walker explicó que “más allá del tema de financiamiento de la política, donde sostenemos que el financiamiento debe ser público, debemos terminar con los aportes reservados, con los aportes de las empresas; es lo que la ciudadanía nos está pidiendo. Pero, también es importante avanzar respecto a las instituciones privadas; los directores de las AFP, que manejan los fondos previsionales de todos los trabajadores, deben hacer también declaraciones de patrimonio, declaración de intereses. Algunas de estas propuestas ya están plasmadas en proyectos de ley y de reforma constitucional. De hecho, ya ingresamos la reforma para que el servicio electoral tenga autonomía constitucional, y queremos que todas estas propuestas se discutan en el Congreso Nacional, ese es nuestro rol como legisladores. “
El diputado Ricardo Rincón, en tanto, agregó que “además de las modificaciones en el sector público, hay que ser claros y es evidente, a la luz de todos los hechos conocidos, que el sector privado tiene que tener mayores regulaciones. No caeremos en la típica actitud de los partidos de derecha, que impulsan sólo cambios en lo público, sin tocar al mundo privado y especialmente a los empresarios “.
Rincón precisó varias de las propuestas en este ámbito, y además se refirió a la necesidad de modificar la ley de lobby. “Tiene que haber registro de lobistas en Chile; es una actividad legitima, pero quién nada hace, nada teme y esto no está debidamente transparentado”.
El documento presentado señala que “la reconstrucción de las confianzas, de tal forma que nadie quede inmune a la justicia y se evite cualquier señal de impunidad, es clave para contar con un colectivo con estándares de probidad avalados por marcos legales propicios. Desafío que enfrentamos con una agenda destinada a perfeccionar nuestro sistema político institucional y desarrollar las acciones proactivas para superar los diversos problemas, permitiendo con ello contribuir a recuperar la credibilidad de la ciudadanía.”
Entre las propuestas se incluyen : Profundización de sistema de financiamiento y transparencia de la política, eliminando los aportes de las empresas a las campañas políticas, estableciendo el aporte estatal para funcionamiento de partidos y elecciones; profunda reformulación de las normas que regulan, la existencia y funcionamiento de los partidos políticos; Fortalecimiento y creación de una fuerte institucionalidad del Servicio Electoral; Perfeccionamiento de la Declaración de Patrimonio e Intereses, obligatoria y con un estándar superior al actual de todas las autoridades políticas; Inhabilidadobligatoria en sala y comisión para todos los parlamentarios, que sean socios, parientes directos de los dueños y directores de empresas cuyos interesen sean objeto de un proyecto de ley; establecimiento de sanciones que signifiquen la Cesación inmediata del cargo de las autoridades de gobierno, parlamentarios y municipales, que resulten sancionados por conductas atentatorias a las normas de probidad.-
Por otra , se agregan: profunda revisión e incremento de las Penas aplicables a los Delitos Económicos y Tributarios existente en la legislación chilena; ampliación de las facultades de la fiscalía para desarrollar investigaciones, aumentando los plazos del secreto del contenido de las mismas, entre otros; considerar la cuantía de estos delitos como un factor relevante a la hora de determinar la prisión preventiva de los imputados por constituir un peligro para la seguridad de la sociedad; limitación a la aplicación de atenuantes que permiten disminuir las penas; establecimiento de la declaración de patrimonio e intereses como una exigencia obligatoria y cabal de directores y ejecutivos superiores de todas las empresas que transen con bienes públicos partiendo por las Isapres y AFP; creación del registro obligatorio de las empresas que desarrollan actividades de lobby.
Fuente: Comunicaciones Bancada Diputados DC.