- Acción judicial busca evitar los graves perjuicios sociales y económicos que tendría para los dueños de estos recintos, que forman parte de los negocios de barrio, en favor de grandes cadenas de abastecimiento.
- Los negocios de barrio concentran el 40% del total de las ventas al por menor en Chile, con más de 125 mil locales que son el sustento económico y laboral de 420 mil personas
Santiago, 1 de abril 2020.- Un recurso de protección ante la amenaza que significa el anuncio de cierre de locales, realizado por algunos alcaldes de comunas bajo cuarentena total en la Región Metropolitana, presentó esta mañana la Asociación Gremial de Dueños de Botillerías de Chile (AGBOTCH).
La acción judicial, interpuesta ante la Corte de Apelaciones de Santiago, sostiene que lo señalado por algunos ediles, en orden a fiscalizar la clausura de estos recintos y la aplicación de eventuales multas, constituye un grave perjuicio para los dueños, en su mayoría pequeños comerciantes.
“La botillería es parte del barrio, sus dueños son vecinos del barrio. Si la cierran no afectan a una persona, sino a una comunidad entera que encuentra en este negocio una fuente de abastecimiento para el diario vivir. Las botillerías también venden abarrotes y artículos de aseo, entre otros productos, además de bebestibles”, señala el presidente de la AGBOTCH, Marcial Pérez, quien enfatiza que hoy muchas de ellas están supliendo el papel de supermercados y minimarkets que resultaron destruidos durante la crisis social, por lo que son el lugar más cercano que tienen las personas para abastecerse.
En el caso particular de las comunas bajo cuarentena, el anuncio de los alcaldes afectaría a cerca de 1.500 botillerías y unas 10.000 personas “que no son cadenas de supermercados ni grandes negocios. Son una pyme más, que todos debemos defender, porque son vecinos como cualquiera de nosotros, que tienen necesidades y compromisos con sus proveedores”.
El directivo enfatiza que, de extenderse la cuarentena al resto del país, y de replicarse esta medida, implicaría un riesgo mucho mayor, ya que los negocios de barrio concentran el 40% del total de las ventas al por menor en Chile, con más de 125 mil locales que son el sustento económico y laboral de 420 mil personas.
A juicio de la entidad gremial, los municipios no cuentan con las atribuciones legales para decretar el cierre del comercio. Asimismo, señalan que se trataría de una acción arbitraria, por cuanto se permite el expendio en supermercados y negocios de delivery.
Cabe recordar que el anuncio de los alcaldes se produjo tras una serie de denuncias sobre reuniones y fiestas realizadas durante el fin de semana, pese a las restricciones impuestas tanto por la cuarentena como el toque de queda contar de las 22 horas.
Al respecto, Marcial Pérez señala que hay una desproporción evidente, por cuanto no se ataca el verdadero problema de fiscalizar las conductas inapropiadas en casas y departamentos, donde el consumo de alcohol no es la causa principal. “Si queremos una vida de barrio, la botillería es parte de esa vida, si queremos tranquilidad y evitar fiestas o inconductas también estamos de acuerdo, pero con que los alcaldes y autoridades hagan su trabajo y nos dejen hacer el nuestro. Cada uno de nosotros debe hacerse responsable por sus acciones”.
Fuente: Simplicity