La Ministra del Servicio Nacional de la Mujer, Claudia Pascual, la Ministra de Justicia, Javiera Blanco, la Ministra de Salud, Carmen Castillo, el Ministro Secretario General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, y las subsecretarias de Gloria Maira y Patricia Silva, concurrieron a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados, para dar inicio, en esta instancia, a la discusión del proyecto de ley que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales: riesgo de vida de la mujer embarazada, inviabilidad fetal letal y en caso de violación.
En su intervención, la Ministra Claudia Pascual destacó que en la elaboración de este proyecto de ley han trabajado, y están trabajando en forma coordinada, los ministerios de Salud, de Justicia, Secretaria General de la Presidencia y el Servicio Nacional de la Mujer, y agregó que “a través de esta iniciativa nos hacemos cargo de una realidad social y buscamos abrir opciones para la expresión de voluntad de las mujeres que enfrentan las situaciones definidas en el proyecto”.
Dijo que “sabemos que en estas circunstancias se ponen en tensión derechos y criterios de humanidad y, por lo mismo, sostenemos que ni el Estado, ni nadie, puede imponer a sus ciudadanos y ciudadanas una decisión”.
La secretaria de Estado aseveró que “actualmente las mujeres que se encuentran en alguna de estas tres causales que contempla el proyecto, no tienen opción de definir de qué forma quieren enfrentar un embarazo de este tipo debido a una legislación que prohíbe penalmente su interrupción en toda circunstancia. Sin embargo, los hechos han demostrado que la prohibición absoluta y la criminalización de toda interrupción del embarazo no impiden su práctica. Muy por el contario, provocan que esta se realice en condiciones de riesgo para la vida y la salud de las mujeres. A su vez, la clandestinidad profundiza y perpetúa las inequidades socioeconómicas, oculta la magnitud del problema e impide el diseño de políticas públicas que lo aborden a cabalidad”.
En ese sentido, dijo que el Estado debe amparar, debe acoger a las mujeres que se encuentran en alguna de estas tres causales, acompañándolas y generando opciones para que ellas, cualquiera sea su decisión.
Junto con ello, manifestó que “la prohibición que actualmente nos rige, ha sido permanentemente cuestionada por organismos internacionales de derechos humanos, quienes han instado al Estado de Chile a agilizar la tramitación del proyecto de ley, reconociendo que es un avance en materia de derechos humanos para las mujeres y para el país”.
La Ministra Pascual destacó el debate que durante más de cinco meses y medio se llevó a cabo en torno a esta iniciativa, escuchando a más de 68 organizaciones y expertos y expertas, “y como resultado el núcleo del proyecto fue aprobado por una amplia mayoría y se ha permitido continuar su debate”.
La autoridad subrayó que en esta instancia el proyecto fue fortalecido y se explicitó un procedimiento de acompañamiento como parte del fortalecimiento también del sistema de salud que acompaña a las mujeres y que tiene su financiamiento.
La titular del Sernam finalmente indicó que “esperamos debatir en esta comisión los aspectos jurídico-constitucionales del proyecto”, agregando que “tenemos la oportunidad de continuar diseñando una respuesta que ha sido negada a las mujeres durante los últimos 25 años”.
Fuente: Prensa SERNAM.