Investigadores de la U. Católica Maule y otros planteles estudiaron el fenómeno de reconstrucción, concluyendo que es clave contar con datos reales para la toma de decisiones desde el aparato público, entre otras recomendaciones.
La necesidad de contar con una plan de acción nacional ante la ocurrencia de una catástrofe y otras interesantes conclusiones, son fruto del estudio “Aprendiendo del 27F: Un análisis comparativo de los procesos de reconstrucción en Chile, tras el terremoto del 2010”, llevado a cabo por cinco equipos de investigadores de las universidades Católica del Maule, Diego Portales, de Chile y Católica de Chile- bajo la dirección de Latin Lab, de la Graduate School of Architectura de la Universidad de Columbia.
“Hemos podido observar que ante la ausencia de un plan de acción a nivel nacional, cada caso terminó teniendo dinámicas propias”, señaló Francisco Letelier, sociólogo de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la UCM y director del Centro de Estudios Urbano Territoriales (CEUT), quien agregó que “el éxito o fracaso del proceso de reconstrucción en cada localidad se puede explicar en base a las formas en que los distintos actores se ordenaron de modo particular”.
Junto al plan, explica Letelier, “constatamos que se hace necesario además contar con la clara definición de los roles de cada actor social, sus espacios de participación y mecanismos vinculantes (con estructura definida), y las responsabilidades asociadas de los diferentes agentes sociales, como son gobierno local y regional, gobierno central, organizaciones sociales, ONGs, universidades y otras”.
El estudio, financiado por Chile-Columbia Fund, de Conicyt y el Columbia Global Center en Santiago, estudió los procesos de reconstrucción en cinco casos como son Curicó, Talca, Constitución, Pelluhue, y el Borde Costero del Bío Bío.
Recomendaciones
En primer término, se desprende del estudio que es muy relevante contar con datos concretos y fidedignos desde el primer día. “Es inconcebible que tras el terremoto de 2010 nos hayamos tardado casi cuatro años en contar con catastros y datos fieles sobre el daño del terremoto, eso no puede volver a ocurrir”, indicó categóricamente Letelier.
De igual manera, es vital que exista un grado de coordinación de voluntades y una autoridad reconocida como son los gobiernos locales. “Entre los casos analizados, los más exitosos son los liderados por los gobiernos locales. Esto se explica porque, ante la divergencia de intereses de los distintos actores, sólo el Estado puede lograr una visión integral de la reconstrucción”, continuó.
Es clave agilizar la coordinación y la velocidad de respuesta, lo cual se vería facilitado con cierto grado de rediseño temporal de las instituciones.
“El terremoto demostró la urgente necesidad de una política de gestión de suelos”, agrega el investigador, lo que permitiría asegurar a los habitantes afectados que no sean desplazados por lógicas de mercado, limitando posibles aprovechamientos de los efectos de las catástrofes como oportunidades de negocios.
Un punto importante es la gestión y coordinación que se tiene sobre las carteras de proyectos de reconstrucción, sus sistemas de financiamiento e instrumentos de planificación territorial. Sobre ello, se recomienda levantar mecanismos más flexibles de financiamiento, fuera de las acostumbradas lógicas en que opera el Estado en tiempos de no catástrofe, y por otro lado, desde los planes reguladores considerar la posibilidad de una retroalimentación futura en caso de catástrofes.
“Las prioridades de desarrollo urbano pueden cambiar de la noche a la mañana con un terremoto, y los instrumentos debieran contar con mecanismos que permitieran su adaptación ante situaciones como un terremoto”, concluyó Letelier.
Fuente: Departamento de Comunicaciones y RR.PP UC del Maule.