- El presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes Belmar, aseguró: “Tengo la convicción que los resultados y acuerdos fruto del trabajo de estos días está a la altura de los desafíos que implican las materias que nos hemos propuesto estudiar y discutir, cuya finalidad central siempre estará en cómo entregar el mejor servicio judicial, con el más amplio acceso para nuestros usuarios y usuarias y con la excelencia que la tarea que la República nos confiere y exige”.
El pleno de la Corte Suprema culminó la edición XXVI de sus Jornadas de Reflexión –en la localidad de Maitencillo–, instancia que durante este fin de semana conoció y resolvió temas de interés para el sistema de justicia, como los relativos a transparencia, leyes sin financiamiento que impactan en la gestión, derechos humanos, comunicaciones, tramitación de causas, entre otros.
El máximo tribunal trabajó en la Quinta Región entre el 12 y 14 de octubre para dedicarse a labores de análisis y proyección para un mejor servicio a la ciudadanía, ratificando -además- con ello el vínculo con los diferentes territorios del país.
“Tengo la convicción que los resultados y acuerdos fruto del trabajo de estos días está a la altura de los desafíos que implican las materias que nos hemos propuesto estudiar y discutir, cuya finalidad central siempre estará en cómo entregar el mejor servicio judicial, con el más amplio acceso para nuestros usuarios y usuarias y con la excelencia que la tarea que la República nos confiere y exige”, concluyó el presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes Belmar, al cierre de las jornadas.
Encargado de Derechos Humanos
En la mañana de hoy, el presidente Fuentes se reunió con la prensa para dar a conocer las principales conclusiones del trabajo desarrollado.
En la ocasión señaló que “dirigido a reforzar la cultura de los derechos humanos en el quehacer de la Corte Suprema y el Poder Judicial, una mayor eficiencia en la gestión y fortalecer la opinión técnica, el Pleno creó la figura del Ministro Encargado de Derechos Humanos”, quien tendrá la responsabilidad de prestar “asesoría a la Presidencia y a Ministros(as) de la Corte que lo requieran; de adopción de lineamientos específicos; de dirección de acciones institucionales; de supervisión y coordinación en la elaboración de documentos; y de participación en diferentes instancias, en todas aquellas materias de Derechos Humanos que no estén específicamente asignadas a otros miembros del tribunal”. Será también responsable de la Coordinación de Causas de Derechos Humanos y del Departamento de Memoria Histórica Digital del Poder Judicial.
Se nombró en esta función al ministro Mario Carroza Espinosa, quien ejercerá en ese rol hasta diciembre de 2025, y quien contará con el apoyo técnico de la Dirección de Estudios, de la Dirección de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos, y también del Ministro(a) a cargo del Subcomité de Acceso a la Justicia de Grupos Vulnerables y de la Comisión de Lenguaje Claro.
Otras materias abordadas
Durante la jornada de reflexión, se abordó tambien la coordinación legislativa y “para ello se tuvo en consideración los enormes desafíos y dificultades que ha implicado la inplementación de numerosas leyes especialmente las que se refieren al Monitoreo Telemático, la que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos y sobre Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos”, dijo el presidente.
Para ello, el Pleno acordó “impulsar la creación de espacios adecuados de discusión técnica con el Poder Ejecutivo y/o el Poder Legislativo, más allá de los informes que se solicitan a la Corte Suprema en la tramitación legislativa, sobre los aspectos operativos y técnicos de la implementación de las propuestas de normas o reformas que, expresa o implícitamente, requieran de tecnología para su adecuada aplicación”. Además, en los casos de proyectos que en su implementación requieran de acciones interinstitucionales, la Corte Suprema releva la necesidad de buscar instancias previas de participación con el resto de las instituciones involucradas.
Un tema relevante fue la necesidad de recursos, por lo que el máximo tribunal estima “necesario trabajar coordinadamente y con criterio de realidad en las minutas financieras de cada propuesta, con la finalidad que al momento de la entrada en vigencia de la ley, tanto los tribunales y unidades judiciales como las otras instituciones involucradas, cuenten con la dotación necesaria debidamente capacitada, y con los recursos financieros y las herramientas tecnológicas”.
Sobre la vocería y comunicaciones, el presidente Fuentes señaló que “se tuvo en consideración la necesidad de actualizar el marco de actuación de las vocerías y de direccionar la relación de la institución con la sociedad con énfasis en una comunicación educativa”. A este respecto se acordó dejar en manos del próximo presidente/a la proposición del las autoridades que ocuparan el cargo de vocería, tanto titular como suplente.
Además -y como una forma de potenciar la labor- se encomendó al Comité de Comunicaciones actualizar el Manual de Vocería del Poder Judicial, incluyendo los puntos expuestos en las recomendaciones del dictamen de la Comisión de Ética de la Cumbre Judicial Iberoamericana sobre la materia y generar capacitación continua para las y los voceros del Poder Judicial de todas las instancias.
También, se promoverá actividades de vinculación para hacer efectiva la comunicación educativa, a través de visitas programadas de estudiantes y otros grupos sociales organizados, a las diferentes salas de la Corte Suprema.
En otras temáticas, el Pleno aprobó una modernización de la Comisión de Transparencia del Poder Judicial y tomó conocimiento de “Estado del proyecto de nueva constitución , en lo referente al Poder Judicial” expuesto por el ministro Leopoldo Llanos; “Buenas prácticas en el conocimiento y tramitación de causas para la Corte Suprema” a cargo de los ministros María Cristina Gajardo y Jean Pierre Matus; “Mejoras en infraestructura en el Poder Judicial” preparado por el ministro Manuel Antonio Valderrama y, también, diferentes necesidades de las asociaciones gremiales.
Fuente: Poder Judicial