Por 28 votos a favor y una abstención se despachó el proyecto de acuerdo que aprueba el Reglamento de los Registros de Agenda Pública y de Lobbistas y Gestores de Intereses Particulares del Senado, con segundo informe de la Comisión de Ética y Transparencia. (Boletín S 1742-09)
No obstante, los senadores hicieron presente al Ejecutivo una serie de inquietudes en cuanto a la efectividad de la norma, la falta de una capacitación adecuada de los funcionarios y la falta de la obligación de constituir un registro de lobistas, entre otras materias. Por estas razones, el Ejecutivo acogió las observaciones y se abrió a estudiar fórmulas que permitan subsanar algunos aspectos.
Durante la sesión intervinieron los senadores Hernán Larraín, Andrés Zaldívar, Felipe Harboe, José García Ruminot,Alberto Espina y Eugenio Tuma.
ARDUO TRABAJO
El senador Larraín, en su calidad de presidente de la Comisión de Ética y Transparencia entregó los detalles del texto que se realizó en un arduo trabajo bicameral “para armonizar el proyecto. En lo general quisimos hacer un reglamento lo más simple posible -dentro de las complejidades de su aplicación- no ir mas allá de la ley, sin trámites burocráticos difíciles de cumplir y que se pueda aplicar por todos nosotros”, indicó.
Además, precisó que en particular se le introdujeron modificaciones en orden a que las responsabilidades serán diferentes entre parlamentarios y sujetos pasivos; se aclara que los parlamentarios no están obligados a recibir en audiencia a todo el que le solita, más bien se apela a la igualdad de trato; respecto de la prohibición de circulación de los lobbistas en los recintos del Congreso se decidió que fuera resuelto por el Reglamento constitucional; la ley exigirá declarar los viajes financiados por un sujeto activo o cuya invitación sea cursada por éste; los donativos que se deberán registrar son los de más de 1 UTM, entre otros.
A su turno, el senador Zaldívar indicó que pese a votar a favor “quiero advertir que la legislación del lobby es una mala legislación, debiéramos haber hecho los registros activos, donde los lobbistas se registran, esta ley nos trasladad a nosotros toda la responsabilidad (…) Soy partidario de la transparencia, pero prefería poder rehacer la ley”.
En tanto, el senador Harboe precisó que si bien es una avance importante de la aplicación práctica del principio de trasparencia, lo ideal era “regular a los sujetos activos y pasivos, porque no se entiende que solo queden regulados quienes son objeto de la gestión de intereses”; además, advirtió que el registro será voluntario y solicitó al Ejecutivo una revisión de la ley que, a su juicio, “podría incrementar los niveles de duda de transparencia”.
PERFECCIONAMIENTOS
Postura similar manifestó el senador García Ruminot para quien sería razonable una nueva ley “es tal la cantidad de detalles que se deberán registrar que tampoco la ciudanía lo va a entender, será difícil su cumplimiento”. El legislador llamó a que se realice una campaña a través de los medios de comunicación para que informen a la comunidad respecto a la materia, de lo contrario, “la gente va a creer que no queremos recibirlos y nada más ajeno”, indicó.
“No he escuchado a nadie que diga que esta ley es buena”, señaló el senador Espina para quien este Reglamento se podría “transformar en un problema para poder trabajar tranquilos. Esta ley requiere perfeccionarse y solicito que traten de buscar modificaciones legales que se puedan tramitarse en forma express. Uno debe legislar sin complejo”, subrayó.
Adhiriendo a todo lo manifestado, el senador Tuma hizo presente la importancia de la transparencia de todas las autoridades, “pero no puede ser un impedimento para tener contacto con los ciudadanos, la burocracia no puede interponerse” y coincidió con la posibilidad de perfeccionar la norma antes de su entrada en vigencia.
La Ministra Ximena Rincón junto con acoger las inquietudes planteadas sobre los efectos que tendría el nuevo Reglamento en la labor representativa de los senadores anunció la posibilidad de explorar diversas fórmulas para superar estos aspectos, y se comprometió a hacer las consultas sobre incluso diferir la entrada en vigencia, “existe la facultad según estamento o reparticiones y ya lo estamos haciendo con la Cancillería”, comentó.
Fuente: Prensa Senado