A casi dos meses del fallo de la Corte Suprema y tras una nueva reunión de la mesa de trabajo convocada por el Ministerio de Salud, constatamos con alerta y preocupación que el gobierno no tiene a la fecha medidas concretas ni propuesta alguna para abordar la crisis de las Isapres, por lo que hemos decidido congelar nuestra participación en dicha instancia.
Restan 120 días, conforme al plazo que entregó la Corte Suprema, para definir un mecanismo que evite el colapso de las Isapres, afectando a la red de salud completa. Pero la única propuesta que ha esbozado el Ejecutivo apunta a un paquete de reformas al Fonasa.
Dicha iniciativa, no evitaría la quiebra de las Isapres, sino que traspasa a los afiliados al Fonasa, una vez que se haya desencadenado la caída del sector. Tampoco previene el término de las coberturas de más de 3 millones de afiliados, sino que reacciona tardíamente. Por ello, se debe aclarar si la intención del gobierno es dejar caer el sistema privado de salud, lo cual creemos que es un profundo error del que no queremos ser parte, pues pone en riesgo la vida de personas y genera un daño inestimable a la red de prestadores de salud.
La Corte Suprema ratificó ayer que la Superintendencia de Salud debe cumplir el fallo, sin desbaratar el sistema privado de salud ni ponerlo en jaque, identificando el mecanismo más eficiente. Pero las acciones del gobierno no solo han sido extemporáneas, también han dilatado la respuesta que se requiere para mantener las operaciones y responder a la incertidumbre que hoy afecta a los afiliados, prestadores, proveedores y trabajadores del área.
Vemos con preocupación que los plazos corren y que cada día nos aproximamos a una debacle, cuyos alcances han sido alertados por médicos, prestadores, parlamentarios, expertos y organizaciones de pacientes. Sin embargo, el diagnóstico, la gravedad y sus consecuencias parecen ser aún ajenas para las autoridades.
La delicada situación que atraviesa el sistema Isapres es consecuencia de un vacío legislativo y de una judicialización desmedida, amparada en la demora de una reforma integral al sistema de salud. Las Isapres cumplen con la norma vigente y las acuciosas fiscalizaciones (200 anuales, por institución), además de las instrucciones y solicitudes de información emanadas a través de circulares definidas por la autoridad regulatoria, en todos los aspectos de la operación.
Creemos que la envergadura de este problema amerita la concurrencia de todos los poderes del Estado. Estamos disponibles y atentos para colaborar con las distintas autoridades de gobierno y legisladores, tan pronto exista una propuesta seria y viable que garantice la continuidad de las coberturas de salud de los afiliados y evite el deterioro de la red privada de salud.
Fuente: Extend