Como Asociación Gremial de Asesores Previsionales (AGAP) y, luego de un largo análisis, consideramos que el primer retiro de fondos del sistema previsional, en el marco de la pandemia por el Covid-19 era necesario, en especial, por la falta de ingresos, el alto nivel de desempleo y endeudamiento que la sociedad chilena ha debido afrontar en los últimos ocho meses.
Aun así, también planteamos nuestra preocupación por la labor del Estado luego de estos retiros, ya que debían, a nuestro juicio, existir mecanismos de mitigación al impacto económico que provocarán, a todos los afiliados, a la hora de hacer efectiva su jubilación. Por ello, propusimos una garantía de devolución por parte del Estado de dichos montos.
Ante la posibilidad de un segundo retiro, discusión que se está dando en estos días en el Congreso Nacional, como AGAP creemos que se está normalizando afrontar la pandemia y la falta de liquidez con los ahorros personales de los afiliados y creemos que es un deber del Estado hacerlo. Es el Estado el que debe solucionar este tema y no seguir mermando los ahorros previsionales.
Un segundo retiro afectará, ineludiblemente, las futuras pensiones. Cada vez que se proponen este tipo de soluciones estamos resolviendo un problema actual, pero hipotecando el futuro. Nos preocupa como asociación la precarización de la vejez de los chilenos.
El primer retiro fue la fórmula más universal para que cada persona recibiera dineros frescos, el problema es que ahora 1 millón 800 mil chilenos no podrán acceder a este “beneficio”, ya que no tienen fondos en sus AFP’s, hablamos justamente de quienes más lo necesitan.
Como criterio general, AGAP comparte la necesidad de aumentar el ahorro de las personas para su vejez. Siendo esta la principal vía para mejorar las pensiones, también es necesario aumentar los aportes del Estado para garantizar una jubilación digna a quienes tienen bajos ahorros previsionales.
Como asesores previsionales creemos que hay un conjunto de medidas que irían en beneficio de los afiliados, entre ellas están:
- Cambiar la metodología de cálculo de las pensiones a una lineal que considere las expectativas de vida reales de la población de manera que los las pensiones de Retiro Programado se dividan por esta expectativa de vida, y se incorpore un seguro de sobrevida para los que superen esta expectativa, financiado por el cotizante o que el Estado se haga cargo con una pensión Básica Solidaria.
- Establecer la asesoría previsional como un derecho de todos los afiliados al sistema de pensiones. Para ello, el costo de la intermediación no debe recaer en las personas que inician su trámite de jubilación, sino que debe traspasarse a las AFP y a las Compañías de Seguros ya que son ellas las que se benefician de la administración de estos fondos.
- Ley corta para flexibilizar requisitos para acceder a la jubilación anticipada. Específicamente, reducir el umbral de ahorros previsionales exigidos actualmente, estableciendo que podrán pensionarse anticipadamente quienes puedan, con sus fondos, financiar una pensión equivalente al 70% del sueldo mínimo y que estén a 10 años o menos de cumplir la edad de jubilación. Esto permitiría a quienes están próximos al retiro contar con un ingreso permanente ante la posibilidad cierta de que no vuelvan a encontrar trabajo.
- El Estado debe restituir, progresivamente, los montos retirados por los cotizantes desde sus ahorros previsionales. Para que las futuras pensiones no se vean afectadas y el gasto fiscal incurrido sea correctamente focalizado, se deben buscar alternativas para que esta devolución beneficie a quienes efectivamente hayan sufrido una merma significativa en sus ingresos.
Fuente: ComPactoLab