- Frente a la tramitación de una modificación a la ley que establece la responsabilidad penal adolescentes, que endurecería las penas para jóvenes entre 14 y 16 años que comentan ciertos delitos graves, la Defensoría de la Niñez advierte que afectaría directamente a la reinserción social de esos adolescentes, que es uno de los principales objetivos del Sistema de Justicia Juvenil actual y del servicio que vino a reemplazar al Sename, y que, además, no aportaría a la tarea de prevenir los delitos.
Santiago, miércoles 19 de marzo de 2025.- Ad portas de su votación en la Comisión de Constitución de la Cámara de Disputadas y Diputados, la Defensoría de la Niñez levanta una alerta sobre el proyecto de ley que modifica la ley N°20.084, sobre responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal. Dicho proyecto, que se encuentra en su primer trámite constitucional, buscaría “fortalecer la respuesta sancionatoria frente a conductas consideradas de especial gravedad”. Sin embargo, la institución de derechos humanos señala que los cambios que introduciría esta modificación significan retrocesos en los derechos de la adolescencia, ya que generaría una normativa no pertinente y contraria a la evidencia respecto a las mejores formas para evitar el comportamiento delictivo y contribuir a la reinserción social de las y los adolescentes que han infringido la ley penal.
La moción parlamentaria busca endurecer las penas para adolescentes entre los 14 y 16 años, igualándolas a las penas del tramo 16-17 años cuando se trata de delitos especialmente graves. Esto, señalan desde la Defensoría de la Niñez, perjudicaría directamente la reinserción social de los adolescentes más jóvenes, y así lo hicieron notar a la comisión de Constitución en noviembre pasado, cuando presentaron su opinión técnica y recomendaciones. “El reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Chile nos recuerda que un sistema penal juvenil no puede ser estrictamente punitivo, sino que debe avanzar en mecanismos que permitan, por una parte, aplicar la ley vigente y, por otra, contar con estrategias que hagan posible que los y las adolescentes puedan ejercer sus derechos y reincorporarse a la sociedad“, dice el Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, agregando que diversos estudios demuestran que la reinserción es más fácil y menos costosa, a diferencia de lo que ocurre con los adultos.
El Defensor de la Niñez explica que este proyecto de ley “no es oportuno ni beneficioso al introducir nuevas modificaciones al Sistema de Justicia Juvenil, que desde el 2023 se está implementando gradualmente en todas las regiones del país y que cuenta con un nuevo organismo que reemplaza al Sename: el Servicio de Reinserción Social Juvenil”. Quesille agrega que este servicio fue tramitado y discutido durante más de siete años en el Congreso y estableció también mecanismos para evaluarlo. El problema es que este proyecto de ley, estaría saltándose aquellos mecanismos y además evidenciaría una política legislativa carentede mirada a largo plazo y a los desafíos estructurales que implica la reinserción de adolescentes.
“Este proyecto no está mirando la evidencia que muestra que el problema, porque no es solo la cantidad de delitos cometidos por adolescentes, sino que también el cambio en los delitos que se cometen, como por ejemplo, la concentración de detenciones en un número reducido de adolescentes“, apunta el Defensor de la Niñez para mostrar que la modificación a la normativa que hoy se discute no considera el fenómeno en su amplitud y complejidad, y que no será solucionada con un endurecimiento de las penas.
Otras de las aristas que ha levantado la Defensoría de la Niñez ante las y los parlamentarios dice relación con las trayectorias de vida de algunos adolescentes que se ven gravemente afectadas en su niñez. “Sobre los datos analizados por nuestro Observatorio de Derechos, hemos detectado que al año 2020, el 61% de los adolescentes ingresados a responsabilidad penal adolescente tuvieron algún egreso previo en el sistema de protección. Junto con ello, identificamos un aumento de la internación provisoria, una sanción gravosa y que incide en el contacto criminógeno. Cabe destacar que para el año 2023, según cifras proporcionadas por la Defensoría Penal Pública, el 83% de los adolescentes que tuvieron internación provisoria tuvo un tipo de término no privativo de libertad“, dice Anuar Quesille y agrega que este proyecto de ley no se hace cargo de cómo están influyendo diversos fenómenos sociales como el crimen organizado y la explotación.
Finalmente, la institución advierte que no ha sido posible demostrar que el fortalecimiento de las sanciones tenga efectos disuasivos en la comisión de delitos, ni menos en la prevención de estos. En este sentido, la evidencia internacional respecto al comportamiento delictivo concluye que los sujetos con una motivación para delinquir generalmente no consideran la penalidad futura asociada a su comportamiento delictivo, al ser estimada como un evento distante y quizás poco probable. Más aún, la evidencia científica, como lo reconoce el Comité de los Derechos del Niño en su Observación General 24, indica que la adolescencia es una singular etapa de definición del desarrollo humano caracterizada por un rápido desarrollo del cerebro, lo que afecta a la asunción de riesgos, a ciertos tipos de toma de decisiones y a la capacidad de controlar los impulsos. Es por eso que, expertos indican que desde la neurocriminología se ha demostrado que antes de los 16 años la inmadurez cerebral impide un adecuado razonamiento y aprendizaje frente al castigo.
Por todo lo anterior, la Defensoría de la Niñez llama al Congreso a analizar la situación con mayor profundidad y preguntarse si los sistemas y programas orientados (y proyectados) para la prevención del delito y la reinserción social son capaces de generar las respuestas que se necesitan ante los nuevos desafíos del crimen organizado que utilizan y explotan a niños, niñas y adolescentes, y si consideran que estos adolescentes y sus trayectorias de vida fuertemente cruzadas por la violencia y vulneración de derechos. En ese sentido, la institución les pide que la preocupación y abordaje de esta materia se concentre en la prevención del ingreso de niños, niñas y adolescentes en el comportamiento delictivo y en la evidencia.
Fuente: Defensoría Niñez.