Claudia Nogueira y Gonzalo Fuenzalida, destacaron la decisión del organismo contralor que a juicio de ellos “determinó que la Defensoría no está para realizar campañas publicitarias en contra de proyectos de ley, que aún no son ni siquiera despachados del Congreso”.
Los diputados e integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Claudia Nogueira (UDI) y Gonzalo Fuenzalida (RN), valoraron el dictamen de la Contraloría General de la República, que determinó que la campaña impulsada por la Defensoría Penal Pública en contra del proyecto sobre control de identidad, es ilegal.
A juicio del organismo contralor, la campaña “que no te ganen los prejuicios”, utilizó “su personal y haberes para fines ajenos a los institucionales”. Además agrega que “las acciones de la Defensoría Penal Pública, no se ajustaron al ordenamiento jurídico… absteniéndose de realizar acciones no vinculadas al propósito establecido por ley para dicha institución”.
Para Nogueira “creemos que la resolución de la Contraloría apunta a justamente al hecho que nosotros criticábamos, y que dice relación con el hecho de que la Defensoría no es un organismo que tenga por principal misión el realizar actividades publicitarias ni menos criticar abiertamente otro poder del Estado en la discusión de una ley”.
“Y la Contraloría es clara en su dictamen al decir que la Defensoría no se ajustó al ordenamiento jurídico por lo que se debe abstener de realizar actuaciones no vinculadas al propósito establecido por ley para el organismo”, agregó la legisladora UDI.
“Por ello – añadió la diputada Nogueira – vamos a solicitar una reunión con la Ministra de Justicia, Javiera Blanco, para solicitar formalmente la salida del defensor público, porque los hechos demostraron que su actuación fue totalmente ilegal y alegado completamente de la función principal de la Defensoría Penal, además usando recursos fiscales que están dirigidos a otros fines y no para hacer publicidad en contra de una iniciativa, que ni siquiera es ley aún”.
Para el diputado Gonzalo Fuenzalida, “la respuesta de la Contraloría General de la República, es una señal clara y contundente, que la Defensoría Penal Pública actuó apartada a las normas jurídicas que la rigen, y que además intentó, a través de una campaña comunicacional, de boicotear el trabajo legislativo”.
Acto seguido, dijo que “conocido este fallo, el Defensor Público, debe dar un paso al costado. Resulta impresentable que un organismo de esta naturaleza, con recursos públicos, se dedique a contravenir un trabajo legislativo transversal, orientado a reducir la alta tasa de delincuencia en el país y que contó no sólo con el apoyo del gobierno, sino que además, de todos los sectores políticos”.
Sumado a lo anterior, el diputado Fuenzalida espera que “el organismo público, se ajuste a las normas que la ley le establece y que cualquier campaña comunicacional que se realice, no sea alejándose de sus fines institucionales, estigmatizando una iniciativa parlamentaria y discriminando arbitrariamente a una persona por su apariencia, lanzó una campaña comunicacional con el objeto de que se ‘frene’ lo que ellos consideran ‘detención por sospecha”.
Fuente: Prensa y Comunicaciones Bancada Diputados UDI.