Su presidente y también miembro de la plataforma Chile sin TLC, Tomás Lagomarsino, quien participó en las manifestaciones realizadas en Valparaíso, asegura que el tratado ratificado hoy puede afectar considerablemente el costo de los medicamentos. Cuestiona además, que la firma se realizara sólo tres días antes del cambio de mando, logrando ocultar mediáticamente lo que puede ser un acuerdo muy perjudicial en ámbitos tan importantes, como lo es la salud de los chilenos.
“Vivimos una jornada lamentable, la que queremos dar a conocer a todos los chilenos, muchos de los cuales no se enteraron de lo que hoy se firmó por nuestras autoridades y que marcará el fin de este gobierno y el inicio de un acuerdo lamentable para nuestra sociedad, puesto que vende nuestra soberanía y transgrede derechos humanos esenciales”. Así se refirió Tomás Lagomarsino a la reciente firma del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico o TPP11, un acuerdo económico multilateral y que involucra a Chile y a otros 10 países y del cual se retiró Estados Unidos.
La firma del acuerdo que se realizó hoy en Chile a sólo 3 días del cambio de mando, ha generado polémica y los detractores han realizado fuertes críticas, explicando lo perjudicial que es para nuestro país la firma de este tratado.
Son decenas las organizaciones que cuestionan el avance del TPP11, y entre sus críticos está Lagomarsino, quien asegura que existe una gran desinformación, pese a que varios organismos que representan a la sociedad civil exigieron que Chile se retirara.
“La historia del TPP ha sido larga puesto que supimos inicialmente los peligros de este tratado por las filtraciones de WikiLeaks. Pedimos en decenas de oportunidades claridad sobre lo que se estaba negociando y nunca fue transparentado. Posteriormente solicitamos que se evaluara si es que existía algún beneficio en que Chile fuera parte de este tratado puesto que ya tenemos acuerdos con todos los países que suscriben. Cancillería nunca efectúo estos estudios. Adicionalmente supimos del impacto evaluado por el Ministerio de Salud cuyos perjuicios podrían ascender hasta cinco veces la Ley Ricarte Soto, es decir, cerca de $500 mil millones para el sistema de salud chileno”, comentó el dirigente social.
Para Lagomarsino, la firma de estos tratados perjudican derechos sociales esenciales, como la salud, ya que señala, que cuando un país firma un tratado de libre comercio no solo flexibiliza las fronteras para importaciones y exportaciones, sino que adicionalmente estandariza entre distintos países cierta reglamentación que puede afectar temas sensibles como propiedad intelectual y servicios. Al hacer esto, muchas veces se encarecen ciertos precios, como el de los medicamentos, al aumentar los períodos de exclusividad de mercado de una farmacéutica transnacional y así impedir el ingreso de los medicamentos genéricos o bioequivalentes.
Agrega que uno de los temas más sensibles de estos tratados es el punto denominado ‘resolución de controversias’. “Esto refiere a aquellas medidas que pueden tomar las empresas transnacionales cuando los gobiernos implementan nuevas Leyes o políticas públicas que vayan en contra de sus negocios. Por ejemplo, si el Estado chileno quiere seguir avanzando en la lucha contra la obesidad a través del etiquetado de alimentos o contra el tabaquismo a través de la cajetilla universal que se está discutiendo en el Congreso, empresas transnacionales podrían demandar por considerables montos de dinero, que incluyen las expectativas razonables de ganancias, ante los tribunales que viene a establecer el Tratado Transpacífico. Si estas compañías ganan, el dinero saldrá del Fisco, es decir, de los impuestos que pagamos todos los chilenos”.
El TPP pretendía abarcar el 40% del PIB global y fue firmado originalmente en febrero de 2016 por Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam y Estados Unidos. El acuerdo, que fue negociado durante más de seis años, debía ser ratificado en un plazo de dos años por, al menos, seis países miembros cuyo PIB combinado representara el 85% del total, por lo que tras la salida de EE.UU., que por sí solo aglutina el 60% del PIB de los 12 estados firmantes, quedó invalidado en su formato actual.
El acuerdo sin Estados Unidos El TPP11, según ha señalado la Cancillería chilena, preserva el contenido original del tratado original, incluidos todos los elementos de acceso a mercados y sus disciplinas relacionadas y el único ajuste acordado es la lista de disposiciones suspendidas o de no aplicación entre los 11 países, lista que se publicó en Vietnam junto a la Declaración de Ministros, en el marco de la Cumbre de Líderes APEC en noviembre pasado. Para que el TPP11 entre en vigor, debe ser ratificado por la mitad más uno de los países miembros, es decir, seis.
“Aunque Cancillería afirma que los problemas que tenía el TPP han sido despejados, lo que se hizo fue realizar suspensiones transitorias de algunas de las disposiciones que pueden ser reactivadas eventualmente y así perjudicar a los chilenos en los temas que ya hemos mencionado tantas veces. Sin embargo, no hay que perder la esperanza de detener este tratado puesto que posterior a la firma de hoy, todavía tiene que ser ratificado por el Congreso y claramente nosotros estaremos ahí presionando para que sea rechazado” afirmó finalmente Lagomarsino.
Fuente: Fundación Equidad