La directora del área de Justicia y Reinserción de la Fundación Paz Ciudadana, Ana María Morales, señaló que el país debe avanzar con decisión en una nueva normativa que asegure la correcta ejecución de las penas y medidas cautelares de condenados e imputados, con el fin de contribuir a la seguridad pública.
Así lo manifestó en un seminario organizado por el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) de la Universidad de Chile, y en donde distintos actores del sistema —como jueces de garantía, fiscales, defensores, y expertos internacionales— coincidieron en la necesidad de avanzar en esta área, permanentemente postergada en el marco del correcto funcionamiento del sistema procesal penal.
“Una nueva normativa y especialización de la judicatura sobre la ejecución de penas es imprescindible para mejorar seguridad pública”, dijo la abogada, al presentar las principales conclusiones de un estudio comparativo elaborado por la institución y que aborda la ejecución y control de sanciones en países como España, Alemania, Argentina, Brasil, Bolivia y Colombia.
De acuerdo a Morales, en Chile no hay tribunales especializados en conocer los asuntos o controversias que se susciten en la etapa de ejecución de una sentencia penal, sino que sólo existen algunas normas en el Código Orgánico de Tribunales y en el Código Procesal Penal, que le entregan competencia en esta etapa a los tribunales de garantía.
“Nuestro país no cuenta con una ley de ejecución penal en virtud de la cual se regulen los derechos y obligaciones de la población privada de su libertad, sino que la mayor parte de la normativa relacionada con el cumplimiento de una pena se encuentra sólo regulada a nivel reglamentario”, explicó la abogada.
Fuente: Prensa Fundación Paz Ciudadana.