Según señaló Rodrigo Bustos, jefe de la Unidad Jurídica Judicial del INDH “la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recalcado que los Estados se encuentran obligados a prevenir razonablemente las amenazas, agresiones y hostigamientos en contra de defensoras y defensores de derechos humanos; investigar seriamente los hechos que sean puestos en su conocimiento; así como, en su caso, sancionar a los responsables y dar una adecuada reparación a las víctimas, independientemente de que los actos sean o no cometidos por agentes estatales o por particulares. La omisión de alguno de los anteriores deberes puede generar la responsabilidad internacional de un Estado por violación al derecho a la integridad personal”.
Bustos complementó: “Entendemos que los defensores y defensoras de derechos humanos, son particularmente vulnerables a riesgos asociados a su labor y en este caso se debe investigar exhaustivamente que la muerte de Alejandro Castro no tenga relación con su trabajo de activismo”.