- En un oficio firmado por la directora del INDH, Consuelo Contreras, se indica que el Estado tiene el deber de asegurar a todas las personas el disfrute del más alto nivel de salud física y mental.
- Además, se recuerda que ya en su Informe Anual de 2016, el INDH constató que en las regiones existía un problema para entregar adecuada atención en salud, en especial fuera de las ciudades capitales.
La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, envió un oficio a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, en el que solicita antecedentes en torno al fallecimiento de una lactante en el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio. Según la información que publicó el Servicio de Salud Valparaíso – San Antonio, del cual depende el hospital, la niña murió el 6 de junio por una neumonía grave originada en un virus sincicial, mientras se había instruido llevarlas al Hospital Regional de Arica, donde había una cama pediátrica.
En el oficio el INDH pide a Salud saber las medidas adoptadas por el Hospital de San Antonio antes y después del fallecimiento; lo que hizo la Subsecretaría de Redes Asistenciales previo a la muerte, y la tasa de mortalidad por el virus sincicial en los últimos 5 años, en especial lactantes. A esto se añade conocer cuántas personas se han derivado para mejor atención durante 2023; cuántas camas críticas se han reconvertido de marzo a mayo en las redes pública y privada y las medidas de Salud para informar sobre prevención.
“La tragedia en San Antonio nos recordó de un modo que no quisiéramos la obligación del Estado de asegurar a todas las personas el disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”, señaló la directora para fundamentar la solicitud de información. “Nuestro país es parte del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que plantea entre los deberes de los estados reducir la mortalidad infantil y el sano desarrollo de los niños. La muerte de esta niña tan pequeña nos parte el corazón y no queremos que esta injusticia tenga que ser enfrentada por otras familias en el país”, añadió.
El oficio recuerda que, ya en su Informe Anual del 2016, el INDH recomendó al Estado “optimizar el funcionamiento adecuado de la red asistencial de servicios de salud con el fin de garantizar el acceso a la salud de toda la población del territorio nacional”. Esta recomendación deriva de constatar que “la población de las regiones depende, de manera proporcionalmente mayor, de la atención de salud del sistema público y de la capacidad de este para dar respuesta a sus demandas”, según aparece contenido en el capítulo 4 del informe, “Territorios y Derechos Humanos”.
En este capítulo se sostenía que la situación fuera de Santiago había conducido a “una inequidad en el acceso a salud de la población de regiones, que sólo cuenta con el servicio público, exceptuando a aquella que habita en las grandes capitales regionales”.
Además, el oficio enviado a la ministra Ximena Aguilera indica que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dicho que la “inobservancia” de los derechos humanos puede conducir a graves consecuencias sanitarias. Entre los efectos que cita el oficio se encuentran las altas prematuras de pacientes debido a la falta de camas, lo que puede llevar a altas tasas de readmisión o de defunciones, lo que constituye también una violación del derecho a recibir tratamiento.
Fuente: INDH