“Chile, en el período de estudio de este Informe 2018, ha presentado tanto avances como retrocesos respecto a los derechos humanos, además de existir todavía muchas deudas pendientes y amenazas”. Esa es una de las conclusiones del Informe Anual sobre DD.HH. en Chile 2018 -que realiza cada año el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho UDP- que se presentó hoy.
En 14 capítulos distintos, que están en el sitio web del Centro de DD.HH. UDPy que abarcan hechos desde mediados de 2017 a julio de este año, se analizan tópicos como derechos de las mujeres, de migrantes y refugiados, de la comunidad LGTBI o de los pueblos indígenas, entre otros.
El editor del Informe Anual UDP, Tomás Vial, destacó la elección presidencial y parlamentaria de 2017, las cuales fueron “libres, secretas e informadas, en un ejercicio de derechos políticos sin alteraciones, pacífico” en donde “hubo un fuerte incremento en la participación de las mujeres y en la elección de ellas como parlamentarias, consecuencia de las reformas electorales aprobadas desde 2015”.
Otro avance fue la aprobación de la Ley de despenalización del aborto por tres causales donde se eliminó “una situación de abierta discriminación y negación de los derechos reproductivos, a la salud y a la vida de ellas. Este es un importante avance, aunque insuficiente, para los derechos de las mujeres”.
Ahora, sin embargo, un retroceso ha sido la “expansión desmedida de la objeción de conciencia y, en particular, por la objeción institucional para practicar el aborto en las tres causales señaladas por la ley”.
Sobre los derechos de las mujeres, un capitulo de la directora del Centro de DD.HH. UDP, Lidia Casas, analizó una muestra de 235 causas de delito de lesiones hacia mujeres en el contexto de relaciones de pareja bajo la Ley 20.066 de Violencia Intrafamiliar y que terminaron, por decisión de la Fiscalía, en archivo provisional o por decisión de no perseverar entre 2012 y 2016, mostrando que hay serias deficiencias en la protección de las mujeres e incumplimientos de agentes del Estado con sus deberes funcionarios.
Uno de los logros durante este año fue la aprobación de la Ley de Identidad de Género, que permite a todas las personas trans el debido reconocimiento de su derecho a la identidad, a pesar de que la ley no es satisfactoria “desde el punto de vista de los estándares de derechos humanos respecto a los derechos de niños, niñas y adolescentes en cuanto al reconocimiento de ese derecho”.
Entre los retrocesos está las demandas por justicia, verdad y reparación, como es la aparición o aumento en la intensidad de discursos negacionistas o el retiro del proyecto de reparación a las víctimas del Informe Valech: tan solo 0,5% de las y los 38.254 sobrevivientes reconocidos por ‘Valech I’ y ‘Valech II’ han visto sentencias finales emitidas en sus causas penales y/o demandas civiles.
También está la “deuda del Estado de Chile con sus pueblos originarios. La falta de un debido reconocimiento de su autonomía, a sus derechos de tierra y territorios, cultura y lengua, solo ha alimentado una situación de conflicto que se expresa, una vez más, en el homicidio de un joven mapuche”, refiriéndose a la situación de Camilo Catrillanca.
Por último, otra de las deudas son los cambios en política migratoria, donde se han establecido “formas de restricción a la migración y un discurso público que solo pueden fomentar un ingreso ilegal, con sus consiguientes consecuencias de precariedad abuso y discriminación”.
Fuente: Comunicaciones Derecho UDP.