Santiago, 20 de abril de 2015.- Luego de un profundo análisis del proyecto del gobierno que busca endurecer las penas y mejorar la persecución criminal en los delitos de robo, hurto y receptación, la Fundación Paz Ciudadana concluyó que en vez de contribuir a la seguridad pública como originalmente se ha planteado, la iniciativa podría tener un efecto “boomerang”, con negativos impactos en el sistema penal y penitenciario a futuro.
La iniciativa —que se encuentra tramitando con suma urgencia en la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados por los ministerios de Justicia e Interior— buscaría entre otras medidas la aplicación efectiva de una pena de cárcel durante un año para quienes cometan delitos de mayor connotación social, así como endurecer las condiciones para quienes reincidan en su comisión.
De acuerdo al análisis de la Fundación Paz Ciudadana, el proyecto que fue presentado en la comisión de seguridad ciudadana de la Cámara en una sesión especial este lunes, impactaría en al menos 4 áreas claves del sistema de seguridad y justicia, lo que a la larga terminarían por tensionar aún más a las instituciones encargadas de la persecución penal, a Gendarmería y al propio Estado por la enorme cantidad de recursos que trae aparejado de ser aprobado sin un análisis más riguroso.
Las conclusiones a las que llega la institución establecen que un impacto de una ley como ésta sobre la delincuencia sería marginal, que no tendría efectos disuasorios, que se corre el riesgo de aumentar la reincidencia y que los costos para el Estado superarían los $19 mil millones anualmente, sin garantizar la eficacia de la persecución criminal.
Incapacitación de los infractores sería marginal
Según la Fundación Paz Ciudadana, un proyecto de este tipo requiere conocer específicamente perfiles criminológicos y de cómo estos se comportan dentro de cada categoría de delitos, asunto del cual —explica el informe— Chile carece.
Para la institución, una mayor aplicación de penas de reclusión, más largas y de base generalizada por tipo de delito (robo, hurto y receptación), probablemente sólo incapacite criminalmente a perfiles que habrían cometido pocos delitos y no a la gran cantidad de delincuentes como piensan las autoridades.
No habría una disuasión delictual eficaz
Por otra parte, señala el informe, la disuasión general que podría generar un aumento de penas, tampoco estaría asegurado, lo que repercutiría en la efectividad de la norma.
Lo anterior, tiene asidero en las altas tasas de delitos contra la propiedad que no tienen imputado conocido. Según cifras del Ministerio Público, en 2013 y en 2014 más de un 70% de las causas relacionadas con robos y hurtos terminan archivándose, sin que aparezcan mayores antecedentes para ser presentados ante los Tribunales de Justicia.
Según Paz Ciudadana, el sistema de persecución penal hace poco uso de herramientas de análisis criminal y centra la investigación en el caso a caso, lo que redunda en la inutilización de herramientas legales disponibles que serviría, por ejemplo, para identificar patrones y así a contribuir a un aumento en la tasa de procesos y en la incapacitación de hechores y cadenas delictuales vinculados a la venta de bienes robados.
La exacerbación de las penas, indica el análisis, también impactaría en los jueces, ya que éstos podrían aumentar a su vez, los estándares probatorios para reducir la probabilidad del error judicial.
Elevaría las tasas de reincidencia
Paz Ciudadana indica que todos los estudios y evidencia empírica concluyen que penas cortas de reclusión (como por ejemplo, de un año tal como lo propone el Ejecutivo), generan mayores tasas de reincidencia y contagio criminógeno (especialmente en primerizos), que las penas alternativas que se cumplen en libertad.
En este punto, el informe establece que lo que se requiere es perseverar y perfeccionar el actual sistema de penas sustitutivas a la cárcel (Ley N° 18.216 y reglamentos), introduciendo mejoras en los niveles de supervisión y control (como por ejemplo, el brazalete); o en contenidos programáticos. Su fortalecimiento a la larga sería más económico y eficaz.
Costos para el Estado: casi $20 mil millones anuales
Por último, explica la Fundación, cuando se buscan beneficios de corto plazo bajo la premisa de una disminución de los delitos, se debe tener en cuenta cómo éste impactará en las plazas penitenciarias disponibles y en los costos que el Estado deberá desembolsar anualmente por interno.
Si se considera un gasto directo promedio mensual por interno de unos $320 mil (sistema tradicional), bajo un aumento de la población recluida en 5 mil personas —como lo estima el Ejecutivo—, el costo anual de la medida en régimen superaría los $19 mil millones, sin considerar otros costos como la habilitación de celdas o la construcción de plazas donde sea necesario.
Actualmente, —explicó la Fundación— el programa de reinserción social de Gendarmería de Chile tiene un costo anual de sólo $1.641 millones para una capacidad de 2 mil condenados de alto riesgo delictivo. Sin embargo, ha probado reducir la reincidencia en un 32%, porcentaje más alto que la sola utilización de la prisión.
Cabe recordar que el proyecto presentado por el gobierno contiene modificaciones al Código Penal, a la nueva Ley N°18.216 de penas sustitutivas, al Decreto Ley N°321 que regula la libertad condicional especialmente en relación a los delitos contra propiedad. Además incorpora algunas modificaciones al Código Procesal Penal.
Fuente: Prensa Paz Ciudadana.