Frente a las publicaciones de prensa y declaraciones ante la Fiscalía, en relación a la Ley de Royalty aprobada en octubre del 2010, cuando ejercía el cargo de Presidente de la República, decidí voluntariamente colaborar con dicha investigación, para el esclarecimiento de los fundamentos, contenidos y resultados de la Ley de Royalty.
Para estos efectos tomé contacto formal con el Fiscal Regional a cargo de esta investigación, Sr. Pablo Gómez, para ofrecer voluntariamente mi colaboración, la que fue favorablemente acogida, y se materializó esta mañana en mi residencia particular, dado que en los próximos días estaré en España cumpliendo compromisos académicos y de participación en conferencias, asumidos con mucha anterioridad.
He señalado públicamente mi profunda convicción de que la ley del Royalty era urgente y necesaria el 2010 y es una muy buena Ley para Chile.
Los fundamentos de la Ley de Royalty, presentada por nuestro Gobierno el año 2010, se basaban en la necesidad de incrementar significativamente la recaudación fiscal, a través de un importante aumento en el impuesto específico a la gran minería, tanto nacional como extranjera, metálica y no metálica, con el propósito de contribuir a:
- Financiar el exigente esfuerzo de reconstrucción post terremoto-maremoto del 27/F.
- Recuperar los equilibrios fiscales, reduciendo el déficit fiscal heredado de 4,3% del PIB el año 2009, a menos del 1% del PIB el año 2013.
- Financiar nuestro amplio y exigente programa de Gobierno.
Los contenidos básicos de la Ley de Royalty aprobada por el Congreso en octubre del 2010 fueron:
- Incrementar la tasa del Royalty, establecida el año 2005, desde una tasa fija del 4% a una tasa variable que fluctuaba entre un 5% y un 14%, en función del excedente operacional de las grandes empresas mineras nacionales y extranjeras.
- Destinar un 30% de la recaudación del Royalty a crear un Fondo de Desarrollo Regional en beneficio de todas las regiones, y en particular, de las regiones mineras.
- Extender la invariabilidad tributaria a las empresas afectadas por las mayores tasas de impuestos contenidas en la Ley de Royalty, por un período de 6 años, de forma de crear incentivos para que las empresas que ya contaban con dicha invariabilidad se acogieran a los aumentos tributarios de la nueva Ley, y también, reducir discriminaciones y tender a igualar el trato tributario entre empresas extranjeras y nacionales.
La tramitación de la Ley de Royalty en el Congreso fue muy participativa y logró un apoyo ampliamente mayoritario en ambas ramas del Congreso.
Los resultados de la Ley de Royalty fueron muy positivos. En efecto: 1. En el período 2010-2013, la ley de Royalty recaudó más de U$ 3200 millones, triplicando la recaudación obtenida en el período 2006-2009, representando cerca del 40% de los Fondos invertidos por el Estado en el esfuerzo de reconstrucción y siendo equivalentes al costo de reconstrucción de las 220 mil viviendas destruidas o dañadas por el terremoto-maremoto del 27/F. 2. Dado que la tasa de impuesto del Royalty a la minería fluctuaba entre el 5 y el 14% del excedente operacional de las grandes empresas mineras, la ley del Royalty del 2010 permitió al Estado, y a todos los Chilenos, ser socios y participar de la bonanza de la industria minera en el periodo 2010 – 2013 y fijar un esquema permanente de participación a futuro para el Estado de Chile. 3. La ley de Royalty no afectó a la inversión minera, la cual continuó creciendo con fuerza y contribuyendo al desarrollo de Chile.
En síntesis, lo esencial de la ley de Royalty a la Minería aprobada el 2010, fue recaudar más de U$3200 millones para financiar la reconstrucción post terremoto y significó un importante esfuerzo y aporte adicional de la gran minería, en beneficio de todos los chilenos, constituyéndose así en una muy necesaria y buena ley para Chile.
Finalmente, mi decisión de colaborar voluntariamente con la investigación respecto de la Ley de Royalty aprobada durante nuestro Gobierno, obedece al propósito y actitud permanente de enfrentar los temas y actuar con la mayor colaboración y transparencia ante la sociedad chilena y los organismos del Estado.
Fuente: Comunicaciones Fundación Avanza Chile.