El Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna y Flora, junto con las organizaciones que suscriben este comunicado, manifiestan su profunda molestia por la inasistencia de los de autoridades de organismos públicos para declarar ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, , la cual, analiza los antecedentes que permitieron la aprobación del proyecto Central hidroeléctrica Doña Alicia en la comuna de Curacautín, Novena Región de La Araucanía.Las autoridades citadas a la cita fueron elMinistro de Economía, Fomento y Turismo,Luis Felipe Céspedes; el Secretario Ministerial Regional de la Araucanía, Cristian Salas Sanhueza; el Director Regional de Turismo, Richard Quintana Valdebenito, el Director de la CONADI, Alberto Pizarro.
La Comisión investigadora tiene como objetivo indagar respecto de las numerosas irregularidades -señaladas por la ciudadanía y agrupaciones sociales y medioambientales- que se produjeron en el contexto de la evaluación ambiental de este proyecto por parte de algunos organismos durante la aprobación de los estudios de Impacto Ambiental por parte del Sistema de Evaluación Ambiental (SEA). Esta situación llevó a que el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia acogiera una reclamación administrativa contra la decisión del Comité de Ministros de poner en marcha la construcción de la hidroeléctrica. Entre las irregularidades que las organizaciones detectaron durante la tramitación de la Central, y que llevaron a tribunales a acoger su demanda, se encuentra una falta de rigurosidad en el actuar del SEA, la omisión de observaciones por parte de algunas de reparticiones públicas como el SAG y CONAF y el rol que cumplió el ministerio del Medio Ambiente.
El Proyecto Central Hidroeléctrico Doña Alicia, afecta directamente al medio ambiente que rodea la zona, siendo una amenaza para el ecosistema y para la fauna existente aguas arriba del Río Cautín, sector donde se encuentra emplazada la instalación. Asimismo, también afecta al sector turístico que vive en función del río, al pueblo de Curacautín ya las comunidades indígenas aledañas que no fueron consideradas en el desarrollo ni en la evaluación del proyecto.
Exigimos que las autoridades cumplan responsablemente con declarar ante esta comisión investigadora, a entregar todos los antecedentes del caso, y a transparentar ante la opinión pública los criterios que han sido utilizados para la aprobación de este proyecto, que en primera instancia fue rechazado por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de La Araucanía por ocho votos contra tres. Insistimos en que la voz de los ciudadanos de los territorios debe ser escuchada y considerada: ¡No queremos ni necesitamos centrales hidroeléctricas invadiendo nuestros ríos!
Fuente: Comunicaciones CODEFF.