Una invitación a conformar un “Acuerdo Nacional para la Modernización de la Justicia en Chile, con enfoque en las personas”, realizó el presidente de la Corte Suprema, ministro Sergio Muñoz, al entregar la Cuenta Pública del Poder Judicial, en la tradicional ceremonia con la que se inaugura el Año Judicial.
En el solemne encuentro –realizado hoy, lunes 2 de marzo, en el Salón de Honor de la Corte Suprema– participaron los ministros del máximo tribunal y de las Cortes de Apelaciones de Santiago, San Miguel y Valparaíso; el ministro de Justicia, José Antonio Gómez; la presidenta del Senado, Isabel Allende; el presidente de la Cámara de Diputados, Aldo Cornejo; el presidente del Tribunal Constitucional, Carlos Carmona; el Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, y el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, entre otras autoridades.
El presidente de la Corte Suprema llamó a mejorar el servicio de justicia en el país como una tarea de todos los actores involucrados.
“Con tal antecedente y en el espíritu que ha demostrado esta Corte Suprema, creo que estamos en condiciones de concretar un Acuerdo Nacional para la Modernización de la Justicia en Chile, con enfoque en las personas, y cuya expectativa no es otra que un Poder Judicial que entregue un servicio público de excelencia y orientado a la ciudadanía, con características de amplia accesibilidad y participación oportuna y transparente. El centro de la propuesta es el acceso igualitario a la justicia, el mejoramiento de la calidad, oportunidad y transparencia de la misma, de la mano de la tecnología”, aseveró.
Al iniciar la cuenta, el presidente Muñoz afirmó que: “rendir cuentas de lo que hemos hecho, como servimos al país y la forma en que pensamos hacerlo mejor, es una obligación dentro del sistema de frenos, pesos y contrapesos entre las autoridades estatales. Permite a todos los miembros de la comunidad conocer, revisar o cuestionar las dinámicas del poder”.
Un énfasis especial en el discurso de la máxima autoridad judicial estuvo respecto de la igualdad. “El país tiene una tarea pendiente en igualdad, como jueces es nuestra responsabilidad concretar este derecho en cada una de las determinaciones. La igualdad impone comportarse de un mismo modo con todos los semejantes, sin reconocer señores ni vasallos, sino personas”, dijo.
Agregó que: “si alguna diferencia debe existir en un Estado Democrático, esta consiste en que a más alta investidura mayor es la responsabilidad y coherencia que se exige a sus actos, como menor es la reserva e intimidad personal”.
Jurisprudencia y cifras
Durante 2014 ingresaron a los tribunales de primera instancia más de 3.700.000 causas, 500 mil más que en 2013. Al respecto, el presidente de la Corte Suprema dijo que el 50% de las causas que ingresaron a los tribunales corresponde a materia civil, relacionadas con conflictos derivados de créditos. “La verdad es que el Estado recauda el crédito de las instituciones financieras y casas comerciales que no prevén, con medidas efectivas, la insolvencia de sus clientes. Esta preocupación contrasta con la falta de acceso que tienen las pequeñas causas de menor complejidad y de justicia vecinal, a lo que se suma el hecho que se exige comparecer representados por abogados, sin que exista en la actualidad un sistema eficiente de asesoría letrada gratuita”, sostuvo la autoridad judicial.
En tanto, las Cortes de Apelaciones tuvieron un ingreso de 185 mil causas en 2014, cifra inferior en un 34% a la del año anterior. La Corte Suprema tuvo un ingreso de 33 mil causas, de las cuales el 76% corresponde a recursos de protección.
Asimismo, el presidente Sergio Muñoz resaltó la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales. “Todos los derechos, sean estos civiles y políticos, como los económicos, sociales y culturales, han sido declarados para tener vigencia efectiva, es por ello que los jueces debemos aplicarlos directamente acompañando a la sociedad chilena en su evolución, de lo contrario carece de importancia cualquier discusión a su respecto”, sostuvo.
La alta autoridad agregó que: “no se debe olvidar, en todo caso, que desde la Constitución de 1823 se ha dotado de facultades conservadoras al Poder Judicial, conforme a las cuales “protege los derechos individuales” y que los ciudadanos pueden reclamar de sus atropellos, quienes serán servidos por todos los funcionarios judiciales (arts.116 y 138)”.
Además, hizo hincapié en la necesidad de superar las brechas de género y otros factores discriminatorios, y la preocupación por el acceso a la justicia de los sectores más vulnerables.
En la parte final de la Cuenta Pública, el presidente Muñoz señaló que: “El Estado, por intermedio de su sistema de justicia, que en mi concepto debe quedar radicado exclusivamente en el Poder Judicial, corresponde que proporcione alternativas eficientes en la resolución de los problemas de las personas de una forma breve y fundada”.
Agregó que: “el proceso debe ser una alternativa eficiente, eficaz y efectiva, esto es, que responda a lo que espera de él de manera breve y económica. Por lo tanto, es preciso que los legisladores garanticen esa eficiencia y accesibilidad de la justicia pública: sólo si se da esta condición, será legítimo permitir que las partes escojan otros métodos para la solución de sus controversias”.
“En cambio, si la justicia pública no es accesible y no es eficiente, esto no sólo supone una violación gravísima de las garantías constitucionales, sino que transforma las alternativas en remedios necesarios e inevitables y, por lo tanto, ya no serían objeto de una elección libre y discrecional de las partes, si no que una necesidad”, afirmó.
El presidente Muñoz finalizó su intervención enfatizando que: “en el evento que no se atienda por el Estado a esos requerimientos, se entrega el acceso a la justicia al mercado, como un bien de consumo, el cual en definitiva dependerá del nivel económico de quienes la reclaman”.
“Nuestro tiempo es ahora, eludir el cumplimiento del deber no solamente trae como consecuencia condenar a nuestros compatriotas a un sistema de justicia inefectivo, sino que estamos imponiendo este modelo desigual a las futuras generaciones”, puntualizó. “Por todo lo expresado en esta intervención, es que atender las aspiraciones de la justicia ha dejado, hace mucho, de ser un tema simplemente económico o de oportunidad, es el respeto de los derechos básicos de dignidad, igualdad e inclusión”, concluyó.
Fuente: Prensa Poder Judicial.