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Ante la crisis de confianza que están mostrando las encuestas y que han experimentado entidades como el Poder Judicial o el Ministerio Público, el titular del Consejo para la Transparencia (CPPLT), Jorge Jaraquemada Roblero, manifestó que este fenómeno tiene un correlato en la confianza en el sistema democrático.
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La apuesta de la entidad que lidera es un Acuerdo Nacional Anticorrupción que ha presentado a diversas autoridades y representantes de los distintos poderes del Estado y Sociedad Civil puesto que a su juicio Chile está en un “punto de inflexión”.
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Describió el fenómeno de corrupción en Chile no como algo nuevo sino “larvado” y comentó que herramientas como la Ley de Transparencia y la participación ciudadana han colaborado con la detección de irregularidades.
A partir de una premisa de las ciencias políticas que afirma que la confianza es el semáforo de las instituciones, el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada Roblero, explicó que “si el semáforo de la confianza está bajo el 30% el semáforo está en rojo y lamentablemente si uno mira el semáforo de instituciones políticas que son pilares de nuestro sistema democrático, hoy están en rojo, están bajo ese porcentaje”.
El titular del CPLT se refirió así a lo que, a su juicio, es lo medular de la crisis institucional que se está viendo en el país y a encuestas que apuntan a una baja sostenida en la credibilidad de nuestra instituciones, cosa que antes nos separaba del resto de los países de América Latina, porque en general estábamos por sobre esa contingencia”.
Jaraquemada planteó la necesidad de hacer un esfuerzo como país ante lo que considera un “punto de inflexión”, por lo que el Consejo está impulsando un gran Acuerdo Nacional Anticorrupción. “Se lo hemos planteado al Ejecutivo, al Poder Judicial, al Congreso, queremos reunirnos con otros organismos autónomos, que algo tienen que decir en temas de integridad, y otros, para convocarlos a dar un salto cualitativo que nos ponga en el mejor de los parámetros y que incluya las mejores experiencias comparadas para prevenir estos hechos”, destacó el titular de Transparencia.
La propuesta del CPLT, según explicó su máximo representante, incluye una propuesta basada en las cuatro grandes agendas de probidad discutidas en la historia reciente – 1994, 2003, 2006 y 2015-, consolidando una serie de acciones –algunas de ellas no fueron implementadas por no concitar acuerdo político o por considerarse poco adecuadas para la época- . A esto se suma un barrido de las mejores prácticas internacionales “poniendo el foco en dónde han sido eficaces en prevenir la corrupción”.
De acuerdo al diagnóstico del Consejo, “lo que se veía en Chile hace algunos años atrás eran procesos de corrupción o irregularidades menos frecuentes, más esporádicos, que involucraban menos volúmenes de dinero y, por otro lado, ciertas instituciones parecían impermeables frente a estos hechos. Sin embargo, durante los últimos años, nos hemos venido dado cuenta -con una cierta avalancha- de situaciones cada vez más frecuentes”.
Jaraquemada descartó que se trate de una corrupción sistémica, es decir que ha permeado a toda la sociedad, aclaró que como país “tenemos una corrupción de mucha mayor magnitud, más extendida”. Lo anterior, para el CPLT, debe alertar a las autoridades y a la sociedad, dado que el impacto en la confianza en las instituciones tiene un correlato en el sistema democrático en su conjunto. Al respecto subrayó que: “la experiencia internacional sostiene que a mayor corrupción, menor credibilidad en las instituciones y a menor credibilidad en estas entidades, menor confianza en la democracia”.
Consultado sobre si los niveles de corrupción tienen una larga data o el país ha devenido en una situación de corrupción más generalizada en el último tiempo, el presidente del Consejo explicó que, a su juicio, ” esto era un fenómeno que estaba larvado en Chile, no se había evidenciado, y que las varias herramientas regulatorias generadas en el país son las que han permitido detectar, echar luz sobre estos procesos de corrupción”.
A estas declaraciones, emitidas en el marco de una entrevista con Radio Universo, ejemplificó que la Ley de Transparencia -vigente hace 11 años- “ha permitido que alrededor de 200 casos de irregularidades o derechamente de corrupción hayan sido conocidos” mediante solicitudes de acceso a la información realizadas por periodistas y ciudadanía en general.
Fuente: Consejo para la Transparencia.