En la actualidad y desde hace ya varios años la principal preocupación de los chilenos es la falta de seguridad ciudadana. Las personas sienten que su modo de vida está siendo violentado por criminales y le reprochan al Estado su fracaso en la lucha contra la delincuencia. Lamentablemente, esta crítica popular es la que han aprovechado políticos de todos colores, con fines electorales, para promover desde hace ya varios años una escalada de aumentos de penas y modificaciones a procedimientos judiciales, con el fin de conseguir más castigo a los delitos contra la propiedad. Es en este ambiente que el gobierno ha enviado una ley corta de seguridad ciudadana donde incluye agregar a carabineros de Chile la facultad de realizar “Controles Preventivos de Identidad”.
El actual artículo 85 del Código de Procesal Penal faculta a Carabineros a verificar la identidad de una persona cuando tenga “indicios” de que esta haya perpetrado un delito o se dispone a cometerlo, que podría aportar información útil, o bien que se encapuche. La modificación aprobada por la Cámara de Diputados y por la Comisión de Seguridad Ciudadana del Senado propone que Carabineros ahora también podrá controlar a una persona si es que “supone” que ésta tiene una orden judicial pendiente. En otras palabras, puede controlar a una persona que “aparentemente” es un delincuente prófugo, sin necesidad de pruebas o flagrancia.
Al respecto se pueden hacer dos observaciones. En primer lugar, todos tenemos el derecho a circular libremente por el espacio público, así como el derecho a la intimidad y a vivir en el anonimato, si así lo deseamos. De aprobarse la Ley como está, esta libertad será conculcada en forma arbitraria, a razón de una sospecha, sin pruebas de ser un delincuente prófugo.
En segundo lugar, el control no es el simple hecho de mostrar la cédula de identidad, sino que la verificación de que la persona no tenga alguna orden judicial pendiente, a través de la consulta del RUT a alguna base de datos, en cualquier lugar del territorio y a cualquier hora, lo que no será expedito. Asimismo, el procedimiento podría en forma discrecional llegar a una revisión de vestimentas y equipajes, o una “retención” de cuatro horas en caso de que la persona no cuente en ese momento con su carnet de identidad (lo que no es delito). Esta presunción o sospecha se traducirá, con toda certeza, en una focalización de estos controles en jóvenes de estratos bajos, lo que sería un acto de discriminación inaceptable, ejecutado por el mismo Estado.
Por tal discriminación y por ser un atentado contra las libertades civiles, se han manifestado en contra de esta medida la ilustrísima Corte Suprema, el Defensor Nacional, el Instituto de Derechos Humanos, la ONU, la UNICEF y destacados penalistas y académicos, mientras que hasta ahora los únicos que defienden la medida son políticos o personas de a pie irritadas por la delincuencia. A saber, lo que las policías necesitan es coordinación y eficiencia para obtener resultados a partir de las facultades que tienen actualmente, no un aumento de sus facultades intrusivas. A modo de ejemplo, el año 2014 se realizaron casi dos millones de controles de identidad y los resultados en los niveles de inseguridad son por todos conocidos. No creemos que con más de lo mismo se obtengan resultados.
Las más de 60.000 órdenes de detención pendiente que se mencionan como fundamento para la medida representan menos del 0,3% de la población. Es un sinsentido que sospechemos y controlemos injustamente al 99,7% para obtener eventuales capturas. Como dice el abogado Julián López, esta medida “funciona sobre la lógica de la redada, de la operación rastrillo, donde indiscriminadamente controlas a la población, en ese contexto vas a encontrar a alguien que está en esa situación. Esta es una lógica de un gobierno autoritario”.
Desde Sentido Futuro buscamos la expansión de las libertades individuales y no su restricción, mientras que defendemos la igualdad ante la ley y el derecho de todos a “ser tratados como iguales”, por lo que nos preocupa profundamente este proyecto. Creemos que las políticas públicas deben ser bien hechas.
Esperamos que la opinión pública reaccione y presione a sus representantes en el Senado para detener esta medida, a la vez que empatizamos con los ciudadanos que han sido víctimas de la delincuencia y que reclaman del Estado una respuesta efectiva que disminuya la cantidad y violencia de los delitos. Pero creemos que el camino no es aumentar la enorme desconfianza entre las personas, mirando a todo el mundo como un eventual delincuente o, peor aún, presumiendo que esos delincuentes se pueden descubrir por la manera en que visten, su pelo o su color de piel.
La llave para terminar con la delincuencia es la igualdad de oportunidades. Y por supuesto, planes efectivos y eficientes de reinserción a quienes delinquen. Solo así seremos un mejor país. No con medidas que suenan bien, pero no resuelven el problema.
Amplitud, Ciudadanos y Red Liberal.