Con la mirada puesta en los efectos reales del proyecto de reforma tributaria propuesto por el Gobierno, los economistas y ex ministros de Hacienda Felipe Larraín y Rodrigo Valdés, el abogado y director del departamento de estudios de Conapyme, Carlos Boada, y la abogada y ex coordinadora de política tributaria del Ministerio de Hacienda, Carolina Fuensalida, debatieron hoy en el seminario online organizado por Clapes UC “Perspectivas de la Reforma Tributaria”.
El encuentro fue moderado por el economista, profesor de la Universidad de Maryland e investigador internacional de Clapes UC, Sergio Urzúa.
La discusión fue abierta por el presidente del Comité Ejecutivo de Clapes UC, Alfonso Swett, quien planteó una serie de interrogantes respecto a sus efectos en la inversión y el empleo, las reales tasas que finalmente los contribuyentes terminarán pagando y la eficiencia de las medidas propuestas.
Carlos Boada señaló, en primer lugar, que pareciera que quienes la escribieron no conocen la realidad de las pymes, problema a partir del cual se deriva que el proyecto marca un retroceso en justicia tributaria, no se hace cargo del grave problema de informalidad que existe en el mundo de las pymes y desecha los avances en justicia tributaria que se habían logrado en sucesivas reformas en los últimos 10 años. Asimismo, indicó que era preocupante la creación de la figura del denunciante anónimo, con apenas una multa para quien denuncie hechos falsos.
La abogada Carolina Fuensalida coincidió con este diagnóstico y agregó que el proyecto tiene contradicciones importantes entre el espíritu y la letra.
Precisó que cuesta ver en él un fin que no sea la mera recaudación, así como un estudio serio sobre los efectos del proyecto, en especial, en el mercado de capitales, y en el crecimiento del país.
El director de Clapes UC, Felipe Larraín, planteó como primer punto que de aprobarse el proyecto sus efectos no recaerán sobre los más ricos como señala el gobierno, sino sobre todos los chilenos. “Hago un llamado al gobierno: no nos digan que esto lo va a pagar solo el 3% más rico y que el 97% no verán consecuencias. Sus efectos los van a sentir todos los chilenos, en especial se verá afectada la clase media profesional”, enfatizó.
Agregó que el impuesto a las utilidades retenidas de 1,8% es en realidad un 9%. Explicó que esto se deriva del hecho que solo el 22% pertenece al Fisco -mientras que el 78% a los dueños-, por lo que ese 1,8% respecto del 22 es en realidad cercano a 9%, “lo que me parece expropiatorio”.
Coincidió, asimismo, con Carolina Fuensalida en cuanto al impacto negativo en el Mercado de Capitales, ya que deja a Chile sin la posibilidad de competir internacionalmente por atraer capitales, lo que afectará el ahorro, la inversión y el empleo. Por último, indicó que en el proyecto se perdió la oportunidad de aumentar la base tributaria y no se le pide ningún esfuerzo al sector público. Finalizó señalando que son críticas destinadas a mejorar el proyecto y que espera que el Congreso pueda darle el tiempo adecuado a su discusión.
El subdirector de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, Rodrigo Valdés, abordó las dificultades para tener una discusión constructiva, el alto impuesto a la riqueza y cómo distinguir entre el diagnóstico y los instrumentos.
Coincidió con Larraín respecto de que el impuesto de 1,8% es alto y que la base tributaria debería aumentarse, y que, aunque parezca una batalla perdida en esta oportunidad, debe seguir insistiéndose. Respecto de este último punto, precisó que en Chile las tasas de impuestos que pagan los contribuyentes de mayores ingresos son adecuadas, mientras que las de los tramos más bajos no.
Junto con lo anterior, recordó que todo impuesto crea distorsiones, pero el punto es ver cómo se minimizan esos efectos.
Por último, indicó que se debe analizar cómo ésta o cualquier reforma le pega al resto de toda la economía. “Es simplista pensar que los únicos afectados por el pago de un impuesto son los que legalmente tienen la obligación de hacerlo”, precisó.
Fuente: Clapes UC